El proceso de cobro contra Radio Zurquí entra en fase ejecutiva con un plazo de 10 días, en un caso que se originó tras la publicación del número telefónico del presidente Rodrigo Chaves —dato que ya circulaba públicamente— y que hoy se reactiva bajo presiones del propio Chaves para que la sanción se ejecute de cualquier forma, incluso abriendo la puerta a embargos.
El cobro administrativo impulsado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) contra Radio Zurqui fue activado oficialmente, obligando al medio y a su director, Erick Sojo Marín, a cancelar una multa de aproximadamente ₡2.505.000 colones en un plazo de diez días hábiles, bajo advertencia de intereses y eventual cobro judicial que podría derivar incluso en embargos.
Pero este no es un simple trámite administrativo. El caso, que se originó tras la publicación del número telefónico del presidente Rodrigo Chaves —dato que ya circulaba públicamente—, hoy toma un giro político marcado por señalamientos de presión directa desde el poder para que la sanción se ejecute de cualquier forma y en el menor tiempo posible.
Cobro contra Radio Zurqui se acelera en fase ejecutiva
El documento oficial confirma que la sanción quedó en firme tras agotarse la vía administrativa, y que ahora se procede con la ejecución del cobro.
La resolución advierte que, en caso de no cancelarse el monto en el plazo establecido, se aplicarán intereses y el proceso podría escalar a cobro judicial, lo que abre la puerta a medidas más severas como embargos.
Este elemento introduce un nivel de presión adicional que no había estado presente en etapas anteriores del proceso.
Señalamientos de presión política desde el Ejecutivo
Según fuentes con conocimiento directo del funcionamiento interno de la institución, el caso no se estaría moviendo únicamente por criterios técnicos.
Las versiones coinciden en un punto:
existe interés desde las más altas esferas del poder para que el cobro contra Radio Zurqui se concrete en el menor tiempo posible.
Las mismas fuentes indican que la instrucción ha sido clara en cuanto al objetivo:
que el cobro contra Radio Zurqui se materialice “de la forma que sea”, antes de el traspaso de poderes el próximo 8 de mayo.
¿Cobro administrativo o presión política?
La coincidencia entre la activación del cobro contra Radio Zurqui, el contexto político y las denuncias internas abre una pregunta inevitable:
¿Se trata de un procedimiento ordinario…
o de una acción acelerada bajo presión?
El hecho de que el proceso avance ahora, tras meses de desarrollo previo, y que incluya advertencias sobre posibles embargos, no deja espacio para dudas: el caso ha entrado en una fase distinta marcada por la presión directa del presidente Rodrigo Chaves para que el cobro se ejecute a toda costa.
Libertad de expresión bajo tensión
El cobro contra Radio Zurqui no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto donde el presidente Rodrigo Chaves ha mantenido una relación de confrontación abierta con la prensa y ha perseguido sistemáticamente a comunicadores independientes, pero solamente a aquellos que cuestionan su corrupción.
En ese escenario, las decisiones institucionales dejan de ser meramente técnicas y pasan a formar parte de una dinámica de presión desde el poder contra voces críticas.
