Autoridades estadounidenses remitieron las promesas formales solicitadas por tribunales costarricenses para avanzar en el proceso judicial.
El proceso de extradición de dos imputados requeridos por la justicia de Estados Unidos avanzó un nuevo paso luego de que ese país remitiera a Costa Rica las garantías formales solicitadas por los tribunales dentro del expediente judicial.
El Ministerio Público confirmó que la documentación fue enviada al Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José, instancia que solicitó dichas promesas dentro del trámite del proceso de extradición.
Los imputados, identificados por los apellidos Gamboa Sánchez y López Vega, son requeridos por las autoridades estadounidenses y su situación jurídica permanece bajo análisis de los tribunales costarricenses.
La extradición de nacionales en Costa Rica dejó de ser una prohibición absoluta tras la reforma constitucional al artículo 32.
Ahora es posible entregar ciudadanos costarricenses por delitos como narcotráfico internacional y terrorismo, siempre bajo control judicial y respetando el debido proceso.
Garantías enviadas por Estados Unidos
De acuerdo con la Fiscalía, estas promesas forman parte del procedimiento mediante el cual el país que solicita la extradición ofrece garantías sobre el tratamiento jurídico que recibirán las personas requeridas.
Entre los compromisos remitidos por el gobierno de Estados Unidos se establece que, en caso de una eventual condena, la pena no superará los 50 años de prisión, límite máximo permitido por la legislación costarricense.
Asimismo, las autoridades estadounidenses garantizaron que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados hayan permanecido en prisión preventiva en Costa Rica.
Tribunal deberá analizar la documentación
Con la recepción de estas garantías, el tribunal competente deberá analizar la documentación para determinar si el proceso de extradición puede avanzar hacia la fase final del trámite judicial.
De completarse las diligencias correspondientes, ambos imputados quedarían en condición de ser extraditados a Estados Unidos, donde enfrentarían los cargos que motivan la solicitud internacional.
