El Ministerio Público aclara que la libertad de 18 imputados responde a valoración de arraigo y no a falta de prueba en el caso Madre Patria.
El caso Madre Patria mantiene solidez jurídica y no ha sufrido debilitamiento probatorio, según aclaró este 26 de febrero de 2026 la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada. El Ministerio Público aseguró que la reciente decisión judicial que otorgó libertad a 18 personas imputadas responde exclusivamente a una valoración procesal sobre medidas cautelares, no a una pérdida de sustento en el expediente.
La aclaración surge tras publicaciones que generaron confusión en la opinión pública sobre el estado del proceso.
Fiscalía: existe probabilidad de comisión del delito
La Fiscalía sostuvo que cuenta con prueba suficiente que, en grado de probabilidad, vincula a las personas imputadas con los hechos investigados en el caso Madre Patria.
Además, enfatizó que no existe ninguna resolución judicial que haya declarado debilitado el expediente ni que cuestione la existencia de sustento probatorio.
El Juzgado Penal de San José, en la resolución del 20 de febrero de 2026, reconoció expresamente que se mantiene la probabilidad de comisión del hecho delictivo para todos los imputados.
¿Por qué se cambiaron las medidas cautelares?
El órgano jurisdiccional justificó el cambio en la existencia de nuevas circunstancias aportadas por la defensa, especialmente:
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Propuestas laborales formales
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Domicilios acreditados
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Garantías de manutención
Estos elementos fueron valorados como factores que reducen el peligro de fuga.
En consecuencia, el Juzgado ordenó:
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Libertad inmediata
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Firma periódica
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Impedimento de salida del país
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Entrega de pasaporte
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Prohibición de contacto con coimputados y testigos
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Mantener domicilio y trabajo reportados
La Fiscalía apeló la decisión el 23 de febrero de 2026 y está a la espera de audiencia.
Cronología del caso Madre Patria
El proceso inició con allanamientos el 25 de junio de 2024 y la detención de varios imputados.
Entre los principales hitos judiciales destacan:
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6 y 7 de julio de 2024: Imposición de un año de prisión preventiva a la mayoría de imputados.
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25 de septiembre de 2024: Tribunal confirma prisión preventiva para 21 personas y arresto domiciliario para dos.
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18 de julio de 2025: Se prorroga prisión preventiva para ocho imputados y se sustituye por arresto domiciliario a once.
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13 de noviembre de 2025: Se restablece prisión preventiva a los once que habían obtenido arresto domiciliario.
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25 de diciembre de 2025: Tribunal amplía prisión preventiva por dos meses más.
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20 de febrero de 2026: Se ordena libertad para 18 imputados con medidas sustitutivas.
Durante todo el proceso, el Ministerio Público ha apelado las resoluciones que considera contrarias a su criterio.
Proceso continúa conforme al debido proceso
La Fiscalía reiteró que la investigación del caso Madre Patria sigue su curso conforme al debido proceso y bajo control judicial permanente.
El debate actual no gira en torno a la existencia de prueba, sino a la valoración del peligro procesal que justifica o no la prisión preventiva.
En términos jurídicos, la modificación de medidas cautelares no equivale a una absolución ni implica archivo del expediente. Se trata de decisiones provisionales que pueden variar durante la etapa preparatoria.
Implicaciones políticas alrededor del caso Madre Patria
El caso Madre Patria también ha tenido repercusiones en el ámbito político nacional. Dentro de las diligencias investigativas trascendió que el diputado Leslye Bojorges León figura en comunicaciones intervenidas por las autoridades, en las cuales solicitó a un empresario autobusero apoyo económico para la entonces candidata a la alcaldía de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, durante la campaña municipal de 2023.
Según lo conocido en sede judicial, el empresario habría sido vinculado a la causa principal que dio origen al caso Madre Patria, lo que amplificó el impacto político del expediente. Posteriormente, Jiménez reconoció haber recibido una contribución económica de bajo monto en contexto electoral, mientras que el legislador ha sostenido que su actuación se enmarcó dentro de dinámicas propias de campaña.
Aunque el caso Madre Patria continúa en fase investigativa y las resoluciones judiciales han versado hasta ahora sobre medidas cautelares, el expediente ha provocado un reacomodo político relevante: tanto Bojorges como Jiménez dejaron el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y actualmente se identifican con el chavismo. Este giro partidario ha intensificado el debate público en torno al alcance político del caso Madre Patria, más allá de su dimensión estrictamente penal.
