El reclamo ciudadano por el agua en Coto Brus
Wagner Jiménez solicita ocho medidas contra jerarcas del AyA por incumplir sentencias constitucionales y retrasar el acceso al agua potable.
Ante la inacción del AyA para acatar la Sentencia 2023029820 y las resoluciones 2024028863 y 2025012496 de la Sala Constitucional, el ciudadano Wagner Jiménez Zúñiga presentó una nueva solicitud formal ante el máximo tribunal, exigiendo la aplicación de ocho medidas sancionatorias contra los jerarcas de la institución.
El caso del Nuevo Acueducto de Coto Brus ha sido objeto de múltiples resoluciones judiciales desde 2023, todas ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) garantizar el abastecimiento de agua potable a las comunidades del cantón. Sin embargo, la institución no ha ejecutado las obras ordenadas, y la presidenta del AyA anunció recientemente que el proyecto no estaría operativo antes del 2030, lo que ha generado indignación entre los vecinos.
Ocho medidas solicitadas ante la Sala Constitucional
En su nuevo escrito, Jiménez solicitó a las y los magistrados de la Sala IV que:
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Testimonien piezas y trasladen la desobediencia al Ministerio Público.
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Constaten el incumplimiento y determinen responsabilidades administrativas.
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Ordenen la puesta en operación inmediata del acueducto, sin esperar al 2030.
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Restablezcan de inmediato el servicio en las zonas afectadas.
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Adviertan al presidente Rodrigo Chaves sobre el incumplimiento de sus jerarcas.
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Impongan las sanciones correspondientes a los responsables.
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Suspendan el cobro de recibos hasta que se normalice el suministro.
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Soliciten a la Procuraduría de la Ética Pública abrir una investigación contra los jerarcas del AyA.
Un derecho fundamental en riesgo
“El acceso al agua potable es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política. Han sido más de dos años de lucha y no claudicaremos hasta que se construya nuestro acueducto”, expresó Jiménez.
El caso se ha convertido en un símbolo de resistencia comunitaria frente a la ineficiencia institucional y el incumplimiento reiterado de las sentencias judiciales. La resolución que adopte la Sala IV marcará un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua como un derecho humano esencial.
