Diputados decidirán si Costa Rica protege su seguridad alimentaria o la entrega a las importaciones
El futuro de la seguridad alimentaria de Costa Rica está en manos de la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley N.° 24.211, conocido como FONARROZ, obtuvo prioridad en la agenda gracias a una moción de orden aprobada el 25 de septiembre, y esta semana se discutirán las mociones de reiteración que podrían dar paso a su votación final.
Un sector golpeado por la “Ruta del Arroz”
En los últimos tres años, el área sembrada de arroz cayó un 60%, una cifra sin precedentes que supera incluso las pérdidas acumuladas en toda la década anterior. La causa directa fue la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves, en agosto de 2022, de reducir drásticamente el arancel al arroz sin estudios técnicos y sin beneficio real para el consumidor.
Costa Rica produce más y mejor
El comunicado del sector arrocero desmiente la narrativa oficialista: la producción nacional no es ineficiente. Con rendimientos de hasta 4,6 toneladas por hectárea, Costa Rica supera a gigantes como Tailandia y se equipara a India, el principal exportador mundial. Estos datos revelan que la caída de la siembra no se debe a falta de capacidad, sino a políticas erráticas que favorecen a los importadores en detrimento del campesinado.
¿Qué es FONARROZ?
El proyecto propone un fondo solidario de competitividad financiado con aportes compartidos:
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$25 por tonelada de arroz en granza (nacional o importada).
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$39,40 por tonelada de arroz pilado importado.
Incluso si parte de este costo se traslada al consumidor, el impacto sería mínimo: apenas ₡12,6 por kilo, lo que equivale a ₡605 al año por persona. Una cifra insignificante frente a los beneficios de preservar la producción nacional, proteger el empleo rural y mantener la capacidad de autoabastecimiento en un producto básico de la dieta costarricense.
La legalidad del proyecto
Críticos como el ministro Manuel Tovar y el diputado oficialista Alexander Barrantes han cuestionado la compatibilidad de FONARROZ con los tratados internacionales. Sin embargo, el texto fue revisado por expertos en comercio internacional y cumple plenamente con las obligaciones de Costa Rica. Tal y como ocurre en otros países productores, este tipo de mecanismos son legítimos y necesarios para enfrentar riesgos globales como crisis geopolíticas, guerras comerciales o el cambio climático.
El dilema de los diputados
El debate es claro: ¿Costa Rica está dispuesta a renunciar a su capacidad de producir arroz y depender de importaciones volátiles, sacrificando miles de empleos rurales y la seguridad alimentaria de la nación?
La respuesta la tendrán los y las diputadas en los próximos días. La decisión será un parteaguas: defender la soberanía alimentaria o continuar el camino de abandono trazado por el chavismo.
