El caso Bukele revela el modelo de impunidad que Rodrigo Chaves podría replicar ante más de 60 causas penales en su contra
La paralización de una investigación penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por presunto lavado de dinero y transferencias millonarias vinculadas a Alba Petróleos, expone un modelo de captura institucional que no es ajeno a Costa Rica. La experiencia salvadoreña funciona como una advertencia clara:
Este escenario cobra especial relevancia en Costa Rica, donde el presidente Rodrigo Chaves enfrenta más de 60 causas penales activas y ha sostenido un enfrentamiento permanente contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Investigación congelada tras el control de la Fiscalía en El Salvador
La causa penal salvadoreña se originó a partir de transferencias realizadas en 2013, cuando Bukele ejercía como alcalde de Nuevo Cuscatlán. Los movimientos financieros, que superan los $3,3 millones, fueron detectados años después y dieron lugar a una investigación fiscal formal.
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Sin embargo, tras la destitución del fiscal general que impulsaba el expediente y el nombramiento de una nueva jerarquía alineada con el oficialismo, la investigación quedó paralizada antes de llegar a los tribunales. No hubo archivo judicial ni resolución definitiva: simplemente dejó de avanzar.
Este mecanismo —congelar sin cerrar— es clave para entender cómo se construye la impunidad desde dentro del Estado.
Alba Petróleos y los conflictos de interés
Los fondos investigados provienen de empresas relacionadas con Alba Petróleos, un conglomerado financiado con capital venezolano y con amplio poder político en El Salvador durante la última década.
La falta de independencia del fiscal general, sumada a vínculos previos con actores relacionados a la empresa investigada, terminó por sepultar cualquier posibilidad de judicialización. El resultado fue predecible: el expediente existe, pero no se mueve.
Costa Rica ante el mismo riesgo: más de 60 causas penales
En Costa Rica, el paralelismo es inevitable. Rodrigo Chaves acumula más de 60 causas penales, muchas de ellas relacionadas con el ejercicio del poder, el uso de recursos públicos y presuntas irregularidades administrativas y penales.
Frente a este panorama, los ataques sistemáticos del Ejecutivo contra la Fiscalía General, los intentos de deslegitimar al Poder Judicial y la presión política sobre los órganos de control no pueden analizarse como hechos aislados. Responden a una lógica conocida en la región: debilitar a quien investiga para garantizar impunidad futura.
El objetivo político: un fiscal a la medida
La experiencia salvadoreña demuestra que no es necesario cerrar tribunales ni suspender elecciones para proteger al poder. Basta con colocar un fiscal afín, dispuesto a desestimar, atrasar o engavetar expedientes sensibles.
Ese es el verdadero riesgo para Costa Rica.
Si el Ministerio Público pierde independencia, las causas penales contra el presidente no desaparecerán formalmente, pero quedarán enterradas en archivos, sin avances, sin juicios y sin rendición de cuentas.
Una advertencia democrática
Lo ocurrido en El Salvador no es un hecho lejano ni excepcional. Es un manual de cómo se construye la impunidad desde el poder político.
Costa Rica todavía tiene instituciones fuertes. Pero ninguna democracia resiste si se normaliza que el presidente ataque a quienes lo investigan y aspire a controlar a quien debe juzgarlo.
Porque cuando el fiscal obedece al poder, la justicia se apaga.
Y cuando la justicia se apaga, la democracia entra en riesgo real.
En Radio Zurqui lo advertimos antes de la campaña electoral, lo advertimos durante la campaña. Pero la gente no escuchó. Ahora es demasiado tarde, Rodrigo Chaves capturará el poder judicial, la fiscalía y la democracia que conocimos ya dejó de existir. Es solo cuestión de tiempo.