Boris Molina se posiciona como opción de centro humanista tras entrevista en Monumental

El abogado litigante Boris Molina, hoy candidato presidencial de Unión Costarricense Democrática (UCD), pasó de ser fuente habitual de los medios a ocupar la silla de invitado en la cabina de Noticias Monumental, donde presentó su visión de país y subrayó que su aspiración a la Presidencia nace de una profunda deuda de gratitud con el Estado social costarricense.

Durante la entrevista, Molina reivindicó el papel de las instituciones públicas en su propia historia de vida, marcó con claridad su oposición al proyecto político del presidente Rodrigo Chaves y defendió su propuesta de un partido de centro humanista, con fuerte raíz en el sector educativo y un enfoque en la protección de los sectores más vulnerables.

“Le debo todo a este país”: la historia detrás de la candidatura

Molina recordó que nació en San Juan de Desamparados y se crió en barrios como Cristo Rey y Hatillo 8, zonas con carencias materiales, pero con fuerte tejido solidario. Ahí, afirma, el Estado benefactor fue decisivo para su desarrollo personal.

Gracias a las becas estudiantiles y al sistema público de educación, Molina pudo formarse como abogado y luego construir una carrera exitosa como litigante, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa y en casos de derechos humanos. Esa trayectoria, dice, explica por qué ahora siente la obligación de “devolverle al país” parte de lo que recibió.

Experiencia desde la trinchera jurídica

Lejos de esconder su perfil combativo como abogado, Molina lo presenta como una de sus principales credenciales para gobernar. Durante años, se ha dedicado a impugnar actos del Estado y a señalar a los funcionarios que, a su criterio, no han hecho las cosas bien.

Ha litigado contra municipalidades, contra el Estado central y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que le ha permitido, según dice, conocer por dentro la estructura institucional costarricense y sus puntos de quiebre. Para él, esa experiencia es clave para liderar una reforma seria del aparato público, pero fortaleciéndolo, no desmontándolo.

Un partido de educadores y de centro humanista, frontalmente opuesto al chavismo

Molina explicó que Unión Costarricense Democrática es un partido que nace en 2018 a partir del malestar del sector educativo con la Ley 9635 y los cambios que afectaron las pensiones de los educadores, así como las huelgas maestras de ese periodo.

Se trata, recalcó, de un partido de educadores, no de sindicatos. Su presidenta, Marisela Morales Mora, fue candidata en el proceso anterior, y el propio Molina llegó a la agrupación en noviembre del año pasado, cuando decidió emprender el reto presidencial.

Actualmente, cerca del 40 % de las candidaturas de PUCD corresponden a personas del sector educativo, mientras que el otro 60 % lo integran profesionales de distintas áreas y oficios. Sus dos candidatos a la vicepresidencia, señaló, son educadores liberales, coherentes con la identidad del partido.

En cuanto a su ubicación ideológica, Molina definió al partido como de centro humanista: dispuesto a tomar ideas buenas, vengan de donde vengan, siempre que estén centradas en el ser humano. En ese marco, fue tajante al referirse al actual gobierno:

“Nos preguntan si somos afines al chavismo. Estamos absolutamente en contra. Deseosos de que no haya continuidad del chavismo”, sentenció.

Educación: recuperar la motivación y los valores, y atender la infraestructura

Fiel al origen de su partido, Molina dedicó buena parte de la entrevista a hablar de educación, en un contexto que él mismo reconoce como de crisis estructural, coincidiendo con los informes del Estado de la Educación.

Para el candidato, hoy coexisten dos problemas graves. El primero es la pobreza en el aprendizaje, reflejada en los bajos niveles de comprensión lectora y habilidades básicas. El segundo, aún más preocupante a su juicio, es la falta de motivación de los jóvenes.

Su propuesta en este campo tiene dos ejes principales:

1. Programas desde los 0 años para garantizar motivación y acompañamiento continuo, de manera que la educación vuelva a ser una ruta clara de desarrollo personal y los jóvenes quieran seguir hacia la universidad.

2. Intervención en infraestructura escolar, empezando por las 20 órdenes sanitarias más urgentes, que estima en unos 16 mil millones de colones, como meta del primer año de gobierno, dentro de un universo de 887 órdenes pendientes.

Molina también puso el foco en la situación emocional del magisterio, recordando que un 35 % de los docentes tiene incapacidades por psiquiatría, y señaló efectos nocivos de la Ley 9999, que según él desequilibró la relación en el aula y dejó a muchos educadores expuestos a amenazas y falsas denuncias por parte de estudiantes.

Sobre el 8 % del PIB para educación, fue claro: es un mandato constitucional que debe cumplirse, pero con una lógica de eficiencia y calidad, más allá de la cifra.

Seguridad: sicariato como terrorismo, protección real a las mujeres y lucha contra el consumo de drogas

En materia de seguridad, Molina planteó tres propuestas concretas:

1. Tipificar el sicariato como acto terrorista, con penas más altas y prisión preventiva automática, de forma que los jueces no puedan dejar libres a sicarios que siembran terror y víctimas colaterales.

2. Reforma en violencia doméstica para que los agresores identificados sean sometidos a exámenes médico-forenses y psicológicos. Si se determina que son potencialmente letales, el juez pueda ordenar su encarcelamiento preventivo, evitando que las medidas de protección se reduzcan a un simple papel que el agresor puede ignorar.

3. Atacar el consumo de drogas como eje del problema, impulsando programas de rehabilitación —incluso forzosa, tras reforma legal— para personas en condición de calle vinculadas al narcomenudeo. Según afirmó, rehabilitar a una persona por un año es hasta 15 veces más barato que mantenerla cinco años en prisión, y además ayuda a reducir el hacinamiento carcelario y la base de consumidores de organizaciones criminales.

Molina subrayó que estas reformas requieren acuerdos legislativos, pero aseguró que un Presidente debe tener la capacidad política para convencer a 57 diputados y construir mayorías. Además, defendió el uso estratégico de herramientas como las consultas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las acciones ante la Sala Constitucional para destrabar temas que la Asamblea mantenga empantanados.

Defensa de las instituciones públicas y del ROP, sin venta de activos

En la ronda de preguntas rápidas, el candidato dejó claras varias posiciones de peso:

• Reelección presidencial continua: sí, pero solo una vez, para quien esté haciendo bien las cosas.

• Jornadas 4-3: totalmente en contra.

• Primer decreto: vinculado a la violencia doméstica.

• Venta de activos del Estado: se opone categóricamente; asegura que defenderá las instituciones públicas a capa y espada.

• Reforma de pensiones: rechaza elevar cuotas y edad de retiro, al calificarlo de “inhumano”.

• ROP: defiende la devolución del 100 % del ROP, recordando que “no es plata del Estado, es de los trabajadores”.

En cuanto al Poder Judicial, plantea la creación de al menos 84 casas de justicia, una por cantón, para descongestionar los juzgados y resolver conflictos menores mediante conciliación, con apoyo directo del Poder Ejecutivo.

Entre el anonimato relativo y la aspiración a segunda ronda

Molina admite que su candidatura es menos conocida que la de otros rivales, pero sostiene que, según las encuestas que cita, tiene un alto saldo de aprobación entre quienes sí lo conocen: de cada 100 personas que saben quién es, unas 70 estarían dispuestas a votar por él, lo que, a su juicio, lo coloca con un “caudal” importante por explotar.

“Yo no me meto en nada para perder. Aspiramos a gobernar, aspiramos a la Presidencia de la República. No nos metimos simplemente a participar”, afirmó, confiado en que el mes de enero será crucial para consolidar su figura ante el electorado.

Mientras tanto, su aparición en espacios como Noticias Monumental le permite empezar a cerrar esa brecha: dejar de ser solo “el abogado litigante” que ha enfrentado al Estado en los tribunales para presentarse como una opción política de centro humanista, defensora de la educación pública, las instituciones y la seguridad ciudadana, en abierta oposición al rumbo que, considera, ha tomado el actual gobierno.