El empresario venezolano de Pueblo Soberano acumula amenazas y demandas para intentar silenciar voces críticas.
El empresario venezolano Boris Marchegiani, nacionalizado costarricense y figura clave del partido Pueblo Soberano, llegó a Costa Rica huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro… después de haber negociado petróleo con ese mismo régimen. Hoy, instalado en nuestro país, parece decidido a reproducir aquí las mismas prácticas de intimidación y censura que dice haber dejado atrás.
En los últimos meses, Marchegiani ha acumulado amenazas y demandas contra diversas figuras: primero contra Este Paisano, luego contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro, y ahora contra Carlos Vázquez, asambleísta nacional de su propio partido. Incluso ha anunciado públicamente que presentará una nueva demanda contra este medio.
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Ante la amenaza, Carlos Vázquez envió un contundente mensaje a Marchegiani, recordándole que el dinero no alcanza para callar a quienes nunca han tenido nada que perder. En su respuesta, Vázquez defendió el derecho de todos los costarricenses a ejercer la libertad de expresión y a denunciar cualquier intento de imponer condiciones, intromisiones o medidas contrarias a la democracia.
El caso confirma que no se puede esperar democracia interna de un partido que aglutina lo más rancio y cuestionado de la política costarricense. En sus filas figuran personajes como Freddy González, recordado por el desfalco al cooperativismo, o Mayuli Ortega, esposa de un narcotraficante mexicano y con cercanía al crimen organizado de ese país. Con semejante nómina, no sorprende que Pueblo Soberano funcione a base de control del discurso, amenazas legales y miedo a disentir.
Marchegiani, que llegó huyendo del chavismo, ahora utiliza su chequera y recursos legales para intentar moldear la narrativa política en Costa Rica.
Costa Rica no se calla
En Costa Rica, la democracia no se compra ni se impone. La ciudadanía no va a permitir que extranjeros indeseables intenten acallar voces críticas o instaurar métodos autoritarios.
Aquí, la libertad de expresión no se negocia.
