Más de 100 rutas de transporte abandonadas y 86 mil estudiantes sin apoyo reflejan el impacto social del deterioro en movilidad y educación pública.
En Costa Rica, el abandono de rutas de bus y la pérdida de 86.378 becas Avancemos en los últimos cinco años no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de gestión que, mientras habla de eficiencia y orden fiscal, deja en segundo plano a quienes dependen del transporte público y del apoyo estatal para estudiar. Los datos son contundentes: más de 100 rutas canceladas en la última década y una reducción sostenida en la cobertura de becas para estudiantes en condición vulnerable.
Transporte público: 100 rutas menos y miles de personas afectadas
La crisis del transporte público ya no es percepción, es estadística. Más de 100 rutas de autobús han sido abandonadas o canceladas en la última década, afectando especialmente a comunidades rurales y barrios periféricos.
Detrás de cada número hay una realidad concreta:
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Trabajadores que deben caminar kilómetros adicionales.
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Adultos mayores sin alternativas de movilidad.
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Estudiantes que dependen del bus para asistir a clases.
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Familias que ahora destinan más dinero a transporte privado informal.
El argumento empresarial gira en torno a la baja rentabilidad y la caída en la demanda tras la pandemia. Pero el transporte público no es un negocio cualquiera: es un servicio esencial que garantiza acceso a trabajo, salud y educación.
Cuando el Estado no logra sostener ese servicio, quienes pagan el precio son siempre los mismos.
86.378 estudiantes perdieron la beca Avancemos
Paralelamente, el programa Avancemos, diseñado para evitar la deserción escolar, ha visto cómo 86.378 estudiantes perdieron el beneficio en cinco años.
El presupuesto del programa también disminuyó significativamente, pasando de más de ¢113 mil millones en 2022 a cerca de ¢92 mil millones en 2025. El número de beneficiarios bajó de 387 mil a menos de 290 mil en ese mismo periodo.
Las razones oficiales hablan de:
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Cambios en condición socioeconómica.
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Estudiantes que ya no figuran activos en el sistema.
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Ajustes administrativos.
Sin embargo, el efecto acumulado es claro: menos apoyo para hogares que dependen de ese ingreso para sostener la permanencia educativa de sus hijos.
En un país donde la desigualdad territorial sigue marcando diferencias profundas, la reducción de cobertura social tiene consecuencias estructurales.
La “continuidad” y sus resultados
El discurso político reciente ha girado alrededor de la palabra “continuidad”. Continuidad de modelo, continuidad de enfoque, continuidad de gestión.
Pero cuando se cruzan los datos de transporte público deteriorado y reducción de becas educativas, lo que emerge es una continuidad en el debilitamiento de políticas sociales fundamentales.
No se trata de retórica. Se trata de prioridades presupuestarias y decisiones administrativas.
Un Estado que reduce cobertura educativa mientras el sistema de transporte colapsa progresivamente envía un mensaje implícito: la eficiencia fiscal pesa más que la cohesión social.
Movilidad y educación: dos derechos conectados
Transporte y educación no son políticas aisladas.
Un estudiante sin beca y sin ruta de bus enfrenta una doble barrera. Un trabajador sin transporte formal y con hijos sin apoyo educativo vive una presión económica acumulativa.
La movilidad garantiza acceso.
La educación garantiza futuro.
Cuando ambas se debilitan al mismo tiempo, el impacto no es coyuntural. Es estructural.
¿Quiénes resienten más el ajuste?
Las estadísticas muestran que los recortes y abandonos afectan con mayor intensidad a:
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Zonas periféricas.
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Comunidades rurales.
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Hogares de ingresos bajos.
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Familias que dependen de subsidios educativos y transporte público.
En términos prácticos, el ajuste golpea a quienes menos margen tienen para absorberlo.
Y eso no es ideología. Es aritmética social.
El desafío pendiente
Costa Rica enfrenta una decisión estratégica: fortalecer el transporte público y la inversión social como pilares de desarrollo, o aceptar una reducción progresiva de cobertura con el argumento de sostenibilidad financiera.
El debate no debería centrarse únicamente en balances fiscales, sino en el tipo de país que se está construyendo.
Porque cuando más de 100 rutas desaparecen y más de 86 mil estudiantes pierden apoyo educativo, el problema no es estadístico. Es político y social.
Y sus consecuencias se verán en movilidad limitada, mayor desigualdad y oportunidades educativas restringidas.