Crisis de seguridad en Cartago: Padilla exige respuestas urgentes
El diputado electo por Cartago, Salvador Padilla, expresó su profunda preocupación por el aumento de homicidios en la provincia y cuestionó la respuesta del Gobierno en materia de seguridad.
La crisis de seguridad en Cartago, marcada por el reciente asesinato dentro de un gimnasio en el cantón central y un repunte sostenido de homicidios, ha generado reacciones políticas inmediatas. El diputado electo por el Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, afirmó que la situación es “inadmisible” y advirtió que la provincia no puede normalizar la violencia.
Según datos oficiales citados por el legislador, en el último año Cartago superó los 60 homicidios, una cifra que contrasta con la imagen histórica de la provincia como una de las más tranquilas del país.
Cartago entre las provincias más golpeadas
Padilla señaló que el hecho de que Cartago figure hoy entre las provincias más afectadas por la violencia obliga a una reacción inmediata del Estado. En su mensaje público subrayó que su compromiso será impulsar un presupuesto suficiente y bien ejecutado para el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial y las instancias encargadas de combatir el crimen organizado.
“Quienes deben perder la paz son los delincuentes, no la gente buena”, expresó el diputado electo, en una frase que resume el tono de su posicionamiento: firme en seguridad, pero enfocado en la protección de la ciudadanía.
El reciente asesinato ocurrido dentro de un gimnasio en el centro de Cartago encendió las alarmas. El hecho, investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un posible ajuste de cuentas vinculado a disputas entre estructuras criminales, evidenció que la violencia ya no se limita a zonas marginales ni horarios específicos.
Señalamientos al manejo nacional de la seguridad
Aunque Padilla no mencionó directamente al Poder Ejecutivo en su declaración, el trasfondo político es claro: existe una creciente percepción ciudadana de que el actual Gobierno ha fallado en contener el avance del crimen organizado.
La tasa de homicidios en Costa Rica ha venido aumentando en los últimos años, impulsada principalmente por disputas territoriales vinculadas al narcotráfico. En este contexto, distintas voces han señalado debilidades en la estrategia nacional de seguridad, especialmente en prevención, coordinación interinstitucional y fortalecimiento policial.
Cartago, históricamente considerada una provincia con menores índices de violencia, se ha visto arrastrada por esta dinámica nacional. Para analistas en materia de seguridad, el desplazamiento de estructuras criminales hacia nuevas zonas responde tanto a disputas internas como a reacomodos territoriales.
Presupuesto, coordinación y prevención
El diputado electo planteó tres ejes principales para enfrentar la crisis:
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Fortalecimiento presupuestario del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial.
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Mayor presencia policial en comunidades vulnerables.
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Trabajo articulado entre cuerpos nacionales y municipales, con énfasis en prevención.
El enfoque combina “penas más duras” con mayor prevención, una fórmula tradicional dentro del discurso liberacionista en materia de seguridad pública.
Sin embargo, especialistas advierten que el aumento de recursos debe ir acompañado de una estrategia clara de inteligencia, persecución financiera del crimen organizado y políticas sociales que reduzcan la captación de jóvenes por parte de estructuras criminales.
Una provincia que exige respuestas
El asesinato dentro de un gimnasio marcó un punto de inflexión simbólico. Cuando la violencia irrumpe en espacios cotidianos, el impacto social se multiplica y la presión política aumenta.
Vecinos de distintos distritos han manifestado preocupación por la frecuencia de balaceras y ajustes de cuentas. La sensación de inseguridad se ha incrementado, incluso en sectores tradicionalmente considerados residenciales o comerciales.
La pregunta de fondo es si el país cuenta con una política integral capaz de revertir la tendencia.
El abandono en materia de seguridad
Para diversos sectores críticos del Gobierno, la situación actual es el resultado de una combinación de factores: debilitamiento institucional, falta de coordinación estratégica y una respuesta reactiva más que preventiva.
En Cartago, la percepción de abandono se ha fortalecido tras el aumento de homicidios y la limitada presencia de operativos sostenidos en comunidades donde el crimen organizado ha ganado terreno.
La crisis de seguridad no es un fenómeno aislado de una provincia, sino parte de un problema estructural que afecta a todo el país. No obstante, el impacto en territorios que antes no figuraban entre los más violentos amplifica la preocupación ciudadana.
Un nuevo ciclo legislativo bajo presión
Salvador Padilla asumirá su curul en un contexto nacional marcado por el debate sobre seguridad pública. La expectativa es que los diputados impulsen iniciativas concretas para fortalecer el marco legal y presupuestario.
El reto no es menor. La violencia asociada al narcotráfico exige respuestas coordinadas entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de cooperación internacional.
Cartago, hoy golpeada por homicidios y disputas criminales, se convierte en un termómetro del estado de la seguridad nacional. La exigencia ciudadana es clara: resultados medibles, no solo declaraciones.
