Persecución política en Costa Rica: chats revelan plan para “tender una cama” al director del OIJ
Un informe de Cibercrimen incorporado a un expediente judicial expone mensajes donde se propone citar a Randall Zúñiga en un motel y forzar audios sobre Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros. Si así operan contra el OIJ, ¿qué queda para periodistas y críticos del gobierno?
La persecución política en Costa Rica vuelve a encender alarmas tras la divulgación de mensajes atribuidos al periodista Douglas Sánchez, en los que se plantea una estrategia para “tender una cama” al entonces director del OIJ, Randall Zúñiga.
Más allá del caso individual, el episodio abre una pregunta incómoda: si se diseñan operaciones de desgaste contra la cabeza del Organismo de Investigación Judicial, ¿qué puede esperar una persona crítica del poder, un comunicador independiente o un periodista?
Un informe judicial, un chat y una “estrategia” que huele a operación
De acuerdo con lo que se ha hecho público, el contenido proviene de un informe de la Unidad de Cibercrimen incorporado a un expediente judicial. En ese material se incluyen transcripciones y capturas de conversaciones en un grupo de mensajería donde se propone citar a Zúñiga en un motel, “montarle una cama” y “ponerle un fijo”.
La misma reconstrucción señala que en el intercambio se pedía —siempre según la transcripción divulgada— orientar audios para que el entonces jerarca “hable del presidente” y de “doña Pilar”.
Este detalle es clave por dos motivos:
-
Porque sugiere un interés político directo en el contenido buscado.
-
Porque muestra un patrón: no se trata solo de denunciar hechos, sino de fabricar un escenario para producir material.
Si esto le pasa al director del OIJ, ¿qué sigue para la prensa crítica?
Aquí está el punto medular: cuando en un país se normalizan dinámicas de trampas, montaje y presión mediática para arrinconar a una figura institucional, el mensaje hacia la sociedad es brutal: cualquiera puede ser el próximo objetivo.
En contextos de creciente polarización, estas prácticas se convierten en herramientas para:
-
intimidar a voces incómodas,
-
condicionar coberturas periodísticas,
-
sembrar miedo en comunicadores,
-
y “disciplinar” a quienes cuestionan al poder.
Y si la línea es “montemos una escena” para golpear al jefe policial del país, el riesgo para periodistas locales, medios pequeños y creadores críticos es evidente: la vara queda bajísima para fabricar narrativas y destruir reputaciones.
Douglas Sánchez y el rol de OPA: preguntas que no se pueden esquivar
Douglas Sánchez no es un actor aislado en el ecosistema mediático. Su presencia en conversaciones de este tipo —según lo consignado públicamente— exige preguntas de fondo:
-
¿Actuó por cuenta propia o respondía a intereses más grandes?
-
¿Por qué pedir audios específicamente sobre Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros?
-
¿Qué motivación real había detrás: periodismo o una operación política?
Desde la perspectiva editorial, es legítimo cuestionar si este tipo de movimientos se explican únicamente por iniciativa individual. En Costa Rica, cuando un canal o plataforma se alinea consistentemente con el discurso oficial, la posibilidad de coordinación política deja de ser una “idea loca” y pasa a ser una hipótesis razonable que amerita investigación y transparencia, no silencio.
El precedente peligroso: justicia, medios y poder mezclados
El informe citado públicamente también ubica estos hechos dentro de un expediente donde Zúñiga figura investigado por delitos graves y se reporta suspensión mientras avanzan diligencias.
Pero una cosa es investigar con seriedad, y otra muy distinta es tolerar estrategias de montaje para producir material “útil”.
Cuando se mezclan:
-
interés político,
-
campañas mediáticas,
-
filtraciones selectivas,
-
y operaciones de desgaste,
el resultado no es justicia: es persecución, es control social y es una advertencia para cualquiera que se atreva a incomodar al gobierno.
Lo que debería pasar ahora
Si las transcripciones difundidas reflejan hechos reales, este caso debería detonar acciones concretas:
-
Verificar autenticidad y contexto completo del intercambio.
-
Determinar responsabilidades por eventuales intentos de montaje.
-
Investigar posibles conexiones políticas o coordinaciones externas.
-
Garantizar protección a la libertad de prensa y al debido proceso.
Costa Rica no puede normalizar que se “fabriquen escenas” para producir audios, titulares o linchamientos. El país merece instituciones fuertes, no espectáculos diseñados para destruir adversarios.