La Presidencia Ejecutiva del INS frena el pago ordenado por la Sala Segunda a Bomberos.
A pesar de existir una sentencia firme de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la ejecución del pago de los días de descanso absoluto reconocidos a un ex oficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos permanece inexplicablemente estancada.
La responsabilidad política y administrativa apunta directamente a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), instancia que preside el Consejo Directivo de Bomberos de Costa Rica y que, a la fecha, no ha materializado el cumplimiento de lo ordenado por el máximo tribunal laboral del país.
⚖️ Una orden clara… que no se cumple
La Sala Segunda fue categórica:
el sistema 24×24 violó el derecho constitucional al descanso semanal absoluto, y ordenó el pago de más de 1.117 días, más intereses, indexación y costas.
No se trata de una recomendación.
No es una opinión jurídica.
Es una orden judicial firme.
Sin embargo, el pago no se ha ejecutado.
👀 ¿Quién tiene la llave?
La Instituto Nacional de Seguros, a través de su Presidencia Ejecutiva, encabeza el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos, lo que le otorga responsabilidad directa en las decisiones administrativas que permiten —o bloquean— la ejecución de este tipo de fallos.
La actual presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, no ha dado explicaciones públicas sobre el retraso, ni ha informado plazos claros para cumplir con lo resuelto por la Corte.
El silencio, en este caso, no es neutro.
🧨 Política, presión y castigo
Este retraso ocurre en un contexto ampliamente documentado de hostigamiento político, uso del aparato estatal para venganzas personales y desprecio reiterado por los contrapesos institucionales desde Casa Presidencial.
La pregunta es inevitable:
¿estamos ante una simple “tardanza administrativa”…
o ante una decisión política de desacato indirecto?
Diversos sectores han señalado que las jerarquías institucionales responden cada vez más a presiones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien ha demostrado animadversión abierta contra resoluciones judiciales que contradicen su narrativa de poder.
Cuando una institución retrasa el cumplimiento de una sentencia firme, no solo afecta a una persona trabajadora:
erosiona el Estado de Derecho.
🚨 El mensaje que se envía es peligroso
Si una orden de la Sala Segunda puede ser congelada sin consecuencias, el mensaje es claro:
-
que los derechos laborales pueden esperar,
-
que las sentencias se negocian,
-
y que el poder político está por encima de la justicia.
Eso no es eficiencia.
Eso es autoritarismo administrativo.
En Radio Zurquí lo advertimos con claridad:
no cumplir una sentencia es una forma elegante de desacatarla.
Y Costa Rica no puede normalizar eso.
