Acusan a jerarca de inteligencia y a medio de comunicación de exponer datos protegidos por ley antes de llegar a Fiscalía
Una denuncia penal formal presentada ante la Fiscalía General de la República pone bajo cuestionamiento el manejo y la divulgación de información sensible de seguridad nacional, relacionada con un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves Robles.
El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita la apertura de una investigación penal contra el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, así como contra periodistas intervinientes y el medio de comunicación de editorial chavista, Trivisión, por la presunta divulgación ilegal de información confidencial de inteligencia, protegida expresamente por la ley costarricense.
Revelaciones mediáticas antes de la denuncia formal
Según la denuncia, el 13 de enero de 2026, durante una transmisión en vivo del noticiero del mediodía de Trivisión, se informó públicamente que el director de la DIS se dirigía a la Fiscalía para presentar una denuncia penal por supuestas amenazas de muerte contra el Presidente de la República.
Sin embargo, el documento sostiene que antes de cualquier comparecencia formal ante el Ministerio Público, un periodista del canal afirmó contar con conocimiento previo, detallado y directo de una investigación de inteligencia en curso, indicando incluso la existencia de “abundantes pruebas”.
Durante la transmisión se mencionaron supuestos mensajes de mensajería privada, comprobantes de pagos vía SINPE Móvil, conversaciones interceptadas y presuntos vínculos políticos, información que —por su naturaleza— correspondería a insumos de inteligencia producidos y custodiados por la DIS.
Comparecencia pública del director de la DIS
La denuncia agrega que, posteriormente, el propio director de la DIS compareció voluntariamente ante los medios de comunicación, confirmando y ampliando públicamente la existencia de una investigación de inteligencia relacionada con un presunto plan contra la vida del Presidente.
De acuerdo con el denunciante, esta actuación sería contraria al régimen legal de confidencialidad que rige a los órganos de inteligencia del Estado, los cuales están obligados a canalizar este tipo de información exclusivamente por la vía institucional y judicial, y no mediante exposiciones mediáticas.
Publicación de documentos de inteligencia en redes sociales
Un elemento central del expediente es que, al día siguiente de las transmisiones televisivas, el medio Trivisión publicó en su cuenta oficial de Facebook material audiovisual que exhibía documentos atribuidos a la DIS, presentados como informes oficiales de inteligencia vinculados con la supuesta amenaza.
La denuncia sostiene que dichos documentos tienen carácter estrictamente confidencial, conforme a la Ley General de Policía, la cual prohíbe de manera absoluta la divulgación pública de informes, análisis, investigaciones y productos de inteligencia relacionados con la seguridad del Estado.
Fundamento legal de la denuncia
El escrito invoca como base jurídica principal la Ley General de Policía (Ley N.º 7410), que impone a los funcionarios de inteligencia un deber estricto de reserva y confidencialidad, sin necesidad de declaratoria formal de secreto de Estado.
Asimismo, se citan disposiciones del Código Penal, particularmente los delitos de:
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Divulgación de secretos
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Incumplimiento de deberes
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Abuso de autoridad
El documento sostiene que la libertad de prensa no constituye una causa de justificación cuando se trata de información de seguridad nacional obtenida y difundida en contravención expresa de la ley.
Peticiones al Ministerio Público
La denuncia solicita, entre otros puntos:
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La apertura formal de una investigación penal
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El aseguramiento inmediato del material audiovisual difundido
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La certificación, por parte de la DIS, del carácter confidencial de la información divulgada
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La determinación de responsabilidades penales diferenciadas entre funcionarios públicos y particulares
Un caso con implicaciones institucionales
El expediente plantea un debate de fondo sobre el manejo de la información de inteligencia, la protección de la seguridad nacional y los límites legales de la divulgación mediática cuando están en juego investigaciones sensibles del Estado.
Corresponderá ahora al Ministerio Público determinar si los hechos denunciados configuran ilícitos penales y si existió una exposición indebida de información reservada, con posibles consecuencias institucionales y jurídicas de alto alcance.
