Oficialismo rechaza cámaras policiales en Costa Rica en segundo debate
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobó el proyecto que establece el uso de cámaras policiales en Costa Rica, pero el oficialismo votó en contra sin fundamentar públicamente su posición.
La discusión sobre las cámaras policiales en Costa Rica volvió al centro del debate legislativo luego de que la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera aprobara, en segundo debate, el proyecto de ley que establece el uso obligatorio de dispositivos corporales y vehiculares en los cuerpos adscritos al Ministerio de Seguridad Pública y otras fuerzas del país.
La iniciativa recibió 13 votos a favor, tres ausencias y tres votos en contra, estos últimos correspondientes a los diputados chavistas Paola Nájera Abarca, Daniel Vargas Quirós y Alexander Barrantes Chacón. Según consta en el acta legislativa, no se expusieron públicamente las razones de esa oposición durante la votación final.
El proyecto ahora pasa al Poder Ejecutivo para su eventual firma o veto.
¿Qué establece el proyecto sobre cámaras policiales en Costa Rica?
La propuesta legislativa regula la implementación progresiva de cámaras policiales en Costa Rica, tanto corporales como instaladas en vehículos oficiales, con el objetivo de:
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Registrar procedimientos policiales.
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Garantizar evidencia objetiva en intervenciones.
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Fortalecer la rendición de cuentas.
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Proteger a funcionarios ante denuncias infundadas.
El texto contempla lineamientos sobre almacenamiento, custodia de grabaciones, acceso a la información y respeto a derechos fundamentales como la privacidad.
Diversos sectores han señalado que las cámaras policiales en Costa Rica representan una herramienta de modernización institucional y alineación con estándares internacionales de transparencia en seguridad pública.
Transparencia y rendición de cuentas en el centro del debate
El uso de dispositivos de grabación en fuerzas policiales no es una novedad a nivel global. Países de América del Norte y Europa han implementado sistemas similares como mecanismo de control institucional y fortalecimiento de confianza ciudadana.
En el caso de Costa Rica, la discusión sobre cámaras policiales en Costa Rica ha estado vinculada a la necesidad de documentar procedimientos, especialmente en contextos de alta conflictividad social o intervenciones complejas.
Especialistas en derecho y seguridad pública sostienen que estas herramientas pueden beneficiar tanto a la ciudadanía como a los propios oficiales, al generar evidencia objetiva ante cuestionamientos posteriores.
En ese sentido, el respaldo mayoritario en la comisión legislativa refleja una corriente que impulsa mayor supervisión tecnológica en los cuerpos de seguridad.
El voto del oficialismo y las interrogantes abiertas
El hecho de que el oficialismo votara en contra del proyecto ha generado cuestionamientos en el ámbito político.
Hasta el momento, no se han detallado públicamente argumentos técnicos o presupuestarios que expliquen la negativa a la implementación de cámaras policiales en Costa Rica.
Algunos analistas señalan que la discusión podría estar vinculada a preocupaciones sobre costos de implementación, protección de datos o posibles impactos operativos. Sin embargo, la ausencia de fundamentación explícita deja abiertas interrogantes sobre el alcance de esa oposición.
En un contexto donde el discurso oficial ha enfatizado el fortalecimiento de la seguridad pública, la votación en contra de un mecanismo de registro tecnológico genera debate político sobre coherencia y prioridades legislativas.
El siguiente paso: firma o veto presidencial
Con la aprobación en segundo debate, el proyecto sobre cámaras policiales en Costa Rica pasa al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si firma la ley o ejerce su potestad de veto.
El eventual aval convertiría la normativa en un instrumento obligatorio para los cuerpos policiales, mientras que un veto abriría un nuevo capítulo legislativo en torno a su discusión.
La decisión presidencial será clave para determinar si Costa Rica avanza hacia un modelo de supervisión tecnológica en seguridad pública o si el debate deberá retomarse en el plenario legislativo.
La aprobación del proyecto evidencia que el tema de cámaras policiales en Costa Rica no solo es técnico, sino profundamente político. La implementación de estos dispositivos toca aspectos de transparencia, derechos fundamentales y gestión institucional.
Mientras el texto avanza hacia Casa Presidencial, el debate público continúa abierto. La discusión sobre seguridad y rendición de cuentas seguirá marcando la agenda nacional en las próximas semanas.