Las comunidades indígenas sufren el abandono sistemático por parte del gobierno
Francela Morales, de 7 años, falleció tras recorrer seis horas por atención médica que nunca llegó. La CCSS y el gobierno ignoran la tragedia indígena.
Una nueva tragedia enluta a la comunidad indígena cabécar en la región de Chirripó, cantón de Turrialba. Francela Morales Payán, una niña de apenas siete años, falleció el pasado viernes tras no recibir atención médica adecuada por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). A pesar de que su familia caminó más de seis horas hasta el EBAIS más cercano, la menor fue devuelta a su casa con únicamente acetaminofén y sobres de suero oral.
Francela era vecina de la comunidad de Uka Tipey, y su caso es la más reciente muestra del abandono histórico que sufren los pueblos originarios. Organizaciones sociales y líderes comunitarios han exigido una vez más que se tomen acciones concretas para garantizar la atención digna y oportuna en salud para estas zonas rurales.
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No es un caso aislado. Las denuncias sobre atención médica deficiente en territorios indígenas se remontan al menos a junio del 2016, cuando una niña con una grave infección no fue tratada adecuadamente.
En octubre de ese mismo año, Izel Payán falleció luego de ser trasladada en una camilla improvisada durante 14 horas hasta el hospital de Turrialba. Y en enero del 2017, Claudio Jiménez Salazar, tras sufrir una cortadura grave en la mano, fue rechazado por una médica del EBAIS de Alto Quetzal, quien le indicó que llamara al 911 porque su turno había finalizado.
Estas tragedias evidencian una constante: el sistema de salud pública le está fallando a los pueblos indígenas, y las consecuencias son irreversibles.
La urgencia de una clínica de salud permanente en esta región es impostergable. A esto se suma la necesidad de mecanismos efectivos de traslado, personal médico disponible, y recursos para garantizar una atención respetuosa y sin discriminación.
La Municipalidad de Turrialba también está en la mira. Desde hace más de un año y medio, ₡1.500 millones de colones asignados por los diputados de Cartago permanecen sin ejecutarse, fondos destinados a mejorar puentes y caminos en la zona indígena. La inacción administrativa no solo es reprochable, sino que cuesta vidas humanas.
Finalmente, se hace un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe el Proyecto de Ley de Defensa de los Usuarios de los Servicios de Salud, que busca justamente evitar que tragedias como la de Francela se repitan.
