Su plan deja sin defensa la salud pública del país
La candidata Laura Fernández presentó su plan de gobierno con una serie de propuestas en materia de salud y seguridad social que, lejos de fortalecer la institucionalidad, plantean riesgos para la estabilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la independencia de su gobernanza y la atención de miles de personas que esperan cirugías, consultas y soluciones reales.
En el documento, Fernández menciona temas como listas de espera, gobernanza institucional y mecanismos financieros, pero evita cuidadosamente comprometerse con lo esencial: que el Estado pague la deuda histórica multimillonaria que mantiene con la CCSS.
Esa omisión no es casual; es estructural y coherente con el rumbo político de su agrupación.
Un plan sin compromiso con el pago de la deuda con la CCSS
A pesar de que la deuda estatal con la Caja supera varios puntos del PIB y amenaza directamente la sostenibilidad de la seguridad social, el plan de Fernández no establece montos, rutas de pago, plazos ni mecanismos obligatorios para saldar ese rezago.
Por el contrario, propone que las empresas y personas físicas puedan pagar sus obligaciones con la CCSS en dólares, una medida que no mejora la recaudación ni resuelve la morosidad, sino que introduce más volatilidad y abre portillos de flexibilización.
Además, sugiere usar “recursos cambiarios del Estado” para atender deuda, sin explicar el origen, la viabilidad ni el impacto fiscal de tal medida.
El silencio sobre la deuda del Estado no es un descuido: es una señal política. Cuando un plan de gobierno ignora la obligación constitucional del Estado de financiar adecuadamente la seguridad social, lo que propone implícitamente es convertir la CCSS en una institución ajustada, debilitada y cada vez más dependiente de decisiones discrecionales.
Reformas a la gobernanza: un riesgo directo a la independencia de la Caja
Uno de los puntos más polémicos del documento es su propuesta de “actualizar el modelo de gobernanza de la CCSS”, modernizando las funciones de la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General.
Bajo un gobierno que ha demostrado hostilidad hacia las instituciones autónomas, esta “modernización” puede traducirse en:
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Mayor control político sobre decisiones técnicas.
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Reconfiguración de la estructura de poder interno.
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Debilitamiento del equilibrio institucional que protege la autonomía de la CCSS.
Cuando un plan no define límites claros ni salvaguardas, lo que plantea es un cheque en blanco.
Listas de espera: promesas vagas y recicladas
El plan menciona que desde 2023 se redujeron en 22% los tiempos de espera en cirugías, adjudicándolo al “esfuerzo del país”. Sin embargo, no presenta una estrategia propia, medible ni nueva para enfrentar el problema.
Los compromisos propuestos se limitan a actualizar manuales, reorganizar funciones internas y “descongestionar” mediante el uso de especialistas.
No hay metas de reducción, no hay cronogramas, no hay inversión nueva.
Es decir: más de lo mismo, con un envoltorio discursivo.
Privatización encubierta y señales preocupantes
El plan propone “reorientar el modelo de atención de la CCSS y sus inversiones futuras”, un concepto ambiguo que históricamente ha servido para justificar:
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Tercerización de servicios.
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Externalización de atención.
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Reducción de inversión pública directa.
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Expansión de la participación privada en áreas donde hoy la CCSS garantiza acceso universal.
A esto se suma la propuesta de vender el Banco BICSA para inyectar fondos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Medidas improvisadas, de impacto temporal, que demuestran la ausencia de un proyecto serio para fortalecer la seguridad social.
Conclusión: un plan que debilita, no que fortalece
El plan de gobierno de Laura Fernández ofrece más riesgos que soluciones para la salud pública de Costa Rica:
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❌ No resuelve la deuda del Estado con la CCSS.
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❌ No presenta metas reales para listas de espera.
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❌ Propone cambios estructurales que abren la puerta al control político.
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❌ Sugiere medidas improvisadas como vender instituciones para financiar pensiones.
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❌ Habla de modernización sin fortalecer la sostenibilidad financiera.
En un momento donde la CCSS enfrenta presiones políticas sin precedentes, la propuesta de Fernández no defiende la institucionalidad, sino que la deja expuesta.
