Un plan de gobierno que promete mucho, pero dice poco
Un documento lleno de generalidades pero sin soluciones concretas para los mayores desafíos del país
El plan de gobierno de Laura Fernández, presentado como la ruta hacia “un país seguro y próspero”, revela profundas carencias en los temas más sensibles para Costa Rica: educación, niñez y adolescencia, y política social.
A pesar de los eslóganes y la narrativa de modernización, el documento muestra vacíos graves, ausencia de metas verificables y casi ninguna propuesta concreta para enfrentar la crisis educativa y social que vive el país.
Desde el primer capítulo es evidente que el texto prioriza la digitalización y la gestión administrativa, mientras descuida la esencia de la educación pública: calidad, acceso, desigualdad territorial, formación docente y bienestar estudiantil. Las palabras clave como educación pública, niñez, PANI o Red de Cuido brillan por su ausencia a lo largo del documento.
Educación: digitalización sin pedagogía
En el apartado dedicado al “gobierno digital educativo”, la candidata propone impulsar la “transformación digital integral e interoperable del MEP” mediante una plataforma única de administración y comunicación. La iniciativa, aunque moderna en apariencia, no incluye medidas para cerrar la brecha digital, ni propuestas para garantizar computadoras, conectividad o alfabetización tecnológica en las zonas más vulnerables del país.
El plan menciona la modernización de las Juntas de Educación, pero se limita a actualizar funciones y estructuras sin abordar los retos reales: financiamiento, transparencia, mantenimiento de centros educativos y participación comunitaria efectiva. No hay metas, no hay cronogramas, no hay presupuesto.
La propuesta de “educación temprana de calidad” tampoco detalla programas, cobertura, profesionalización, inversión ni coordinación institucional. No se mencionan los CEN-CINAI, las modalidades de cuido, la articulación con el MEP o las brechas existentes entre cantones.
En síntesis: la visión educativa de Laura Fernández es administrativa, superficial y ajena a la crisis real. No hay una sola medida contundente para reducir la deserción, recuperar aprendizajes, atender salud mental estudiantil o mejorar infraestructura.
Niñez y adolescencia: el gran vacío del plan
Si la sección educativa es débil, la referente a niñez y adolescencia es prácticamente inexistente.
El documento no contiene una propuesta clara ni estructurada para esta población, a pesar de que Costa Rica enfrenta:
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aumento del reclutamiento de menores por el crimen organizado,
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rezago escolar histórico,
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colapso del PANI,
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violencia intrafamiliar en escalada,
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embarazo adolescente en zonas vulnerables,
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falta de espacios seguros para jóvenes.
El plan de gobierno no menciona al PANI, ni plantea su fortalecimiento institucional. Tampoco incluye acciones sobre prevención de violencia infantil, apoyo psicosocial, expansión de la Red de Cuido, programas para jóvenes en riesgo o articulación con comunidades y municipalidades.
En un país donde miles de niños viven en condiciones de pobreza y exclusión, la ausencia de propuestas es alarmante.
Es un silencio que habla por sí solo.
Política social: generalidades sin contenido
En el capítulo denominado “progreso social y humano”, el plan apenas esboza conceptos amplios como inclusión, recreación, deporte o sostenibilidad, pero carece de políticas públicas específicas para combatir la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades.
No hay un abordaje claro de:
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pobreza extrema,
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empleo joven,
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acceso a vivienda digna,
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atención a personas con discapacidad,
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desarrollo territorial,
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fortalecimiento del IMAS, INAMU o municipalidades.
Una propuesta que deja por fuera a la gente más vulnerable
En un contexto nacional donde la crisis social se profundiza y el crimen organizado recluta jóvenes desde edades cada vez más tempranas, Costa Rica necesita políticas fuertes, concretas y bien financiadas.
Lo que ofrece Laura Fernández, en cambio, es un documento que:
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omite a la niñez,
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ignora a los adolescentes,
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reduce la política social a declaraciones de intención,
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evade los problemas estructurales de la educación pública,
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no presenta metas, cronogramas ni inversión asociada.
El país merece propuestas serias, no un plan que deja desprotegidos justamente a quienes más necesitan del Estado.
