Por Dra. Gloria Cárdenas M.*
Nuestro país está atravesando una crisis educativa de orden estructural nunca antes vista. No se está garantizando una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas.
Los datos así lo reflejan: un incumplimiento continuo del 8% del PIB según mandato constitucional. Desde 2023, la inversión fue de un 5,7% si la comparamos con el 7,4% en 2017. Esto está afectando de forma directa la conectividad, los salarios de los docentes, la infraestructura, la mediación pedagógica y el sistema de evaluación.
El exceso de carga administrativa del docente está afectando su salud emocional; las incapacidades no son ninguna casualidad. También se ven perjudicados los programas de equidad y demás acciones estratégicas educativas que son vitales para el bien común.
El pasado 28 de agosto del año en curso, la MSc. Isabel Román, coordinadora del Informe del Estado de la Educación, presentó ante la opinión pública los datos arrojados por la investigación. No fueron ninguna sorpresa en ninguna de las variables consignadas en el estudio.
Uno de los datos más relevantes es la dinámica del Consejo Superior de Educación, órgano de carácter constitucional según el artículo 81, responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico los diferentes niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo costarricense.
Aquí está el nudo gordiano, lo hemos venido diciendo hace tiempo.
Un Consejo debilitado y sin rectoría real
El Consejo Superior está sin capacidad suficiente para ejercer la rectoría del sistema educativo. Evidencia limitaciones institucionales que complican su dinámica, a saber:
- Reglamento desactualizado y limitado.
- No hay una posición clara en el organigrama del MEP.
Aunado a lo anterior, hay limitaciones técnicas que la dificultan, como el bajo perfil técnico del equipo de apoyo y la ausencia de un rol técnico en la supervisión de acuerdos.
Igualmente, hay limitaciones financieras: existe una dependencia administrativa y operativa del MEP, lo que complica su capacidad para ejercer la rectoría del sistema educativo.
Su dinámica está condicionada por esa dependencia operativa del MEP a nivel presupuestario, de infraestructura y control sobre la contratación de personal; es decir, no tiene la autonomía correspondiente.
El estudio también evidenció debilidades en control y rendición de cuentas. Así lo indican las actas: su publicación es lenta, al igual que su validación. No tiene estructura técnica y su seguimiento es muy limitado. Asimismo, en relación con el liderazgo, su capacidad es reducida: sin independencia ni consulta técnica, sin mecanismos de evaluación, se enfocan en aspectos meramente operativos.
Responsabilidad política y daño institucional
Ante este panorama tan lamentable, según lo indica el Informe del Estado de la Educación, no es nada extraño los resultados obtenidos. Con un Ejecutivo y una exministra de Educación que no le “dio la gana entregar su plan de trabajo”, claro, con el aval del presidente Chaves, es imperdonable el daño que le han hecho a nuestra educación costarricense.
Es importante mencionar que el peso que tiene el Consejo Superior de Educación es más político que técnico-pedagógico. Mientras esa estructura no cambie, difícilmente obtendremos resultados distintos.
Tres rutas urgentes de acción
Este tema tan sensible hay que abordarlo desde tres aristas:
- Tomar en cuenta los datos arrojados del Informe del Estado de la Educación, excelente insumo.
- Asamblea Legislativa: coordinar con la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. En febrero de 2025 se aprobó la Ley 23.750; hubo mejoras, pero sigue siendo insuficiente. Para la próxima legislatura se debe retomar y omitir la figura del exministro, e incorporar la presencia de un psicólogo, orientador, sociólogo, un representante del sector cultura, salud, ciencia y tecnología. La visión debe ser interdisciplinaria: si bien es cierto que en el siglo pasado funcionó, hoy los tiempos han cambiado sustancialmente. No podemos seguir actuando al estilo Paco y Lola.
- Realizar un Congreso Pedagógico / Acuerdo Nacional. La visión debe ser holística.
Conclusión
Estamos viviendo una crisis sin precedentes. El Consejo Superior de Educación no ha asumido el papel correspondiente; su actuación ha sido deplorable. En el fondo, lo que han hecho es satisfacer una agenda electoral, siguiendo los pasos cada cuatro años de la ministra (o ministro) de turno, con una visión cortoplacista y olvidándose de nuestros niños, niñas y docentes.
Por último, deseo agradecer la sugerencia respetuosa que hicimos en septiembre de 2023 al Dr. Vargas Cuell y a la M.Sc. Isabel Román de analizar la figura del Consejo Superior. Nuestra hipótesis fue verificada.
