La fe no se negocia: prohibición expresa de inducir el voto desde púlpitos, templos y símbolos religiosos
El Tribunal Supremo de Elecciones trazó una línea clara e innegociable en el proceso electoral costarricense: la religión no puede utilizarse como instrumento para manipular el voto ciudadano. En una decisión firme, el órgano electoral ordenó detener prácticas que mezclan fe y proselitismo político, una combinación que amenaza la libertad de conciencia y la equidad democrática.
La resolución alcanza al partido Pueblo Soberano, así como a figuras políticas y estructuras religiosas que habrían promovido mensajes electorales apoyados en símbolos, discursos y espacios de carácter religioso, una práctica expresamente prohibida por el marco electoral vigente.
Cuando la fe se convierte en mercancía política
El uso de la religión para orientar el voto no es un acto inocente ni una expresión de libertad religiosa: es una forma de presión emocional y moral sobre las personas creyentes. Bajo la apariencia de guía espiritual, se busca imponer una opción política como si fuera un mandato divino, distorsionando tanto la fe como la democracia.
Esta lógica —propia de los mercaderes de la fe— reduce el acto electoral a un acto de obediencia religiosa, vulnerando el principio fundamental de que el voto debe ser libre, informado y sin coacción.
Candidaturas y estructuras bajo la lupa electoral
La prohibición se extiende a manifestaciones públicas —explícitas o veladas— que llamen a votar por determinadas agrupaciones políticas o a rechazar otras por razones religiosas, incluso cuando no se mencionen nombres de forma directa, pero resulten fácilmente identificables.
En ese contexto, quedan señaladas prácticas asociadas a liderazgos políticos como Laura Fernández Delgado y Fabricio Alvarado Muñoz, así como a organizaciones religiosas que han actuado como plataformas de activismo electoral encubierto, desdibujando la frontera entre culto y campaña.
El púlpito no es una tarima electoral
Uno de los aspectos más contundentes de la decisión es la prohibición absoluta de utilizar templos, ceremonias litúrgicas, reuniones de oración o liderazgos pastorales para inducir el voto.
El mensaje es inequívoco: la espiritualidad no puede ser instrumentalizada para fines partidarios.
Costa Rica, aunque reconoce la libertad religiosa, no tolera la conversión de iglesias en comandos de campaña ni la manipulación de la fe como moneda de cambio político.
Advertencia clara: insistir tiene consecuencias penales
El incumplimiento de estas disposiciones no es simbólico ni retórico. Desobedecer al órgano electoral constituye un delito, con responsabilidades personales para quienes persistan en cruzar esa línea.
La democracia costarricense se defiende no solo con discursos, sino haciendo cumplir la ley frente a quienes pretenden imponer proyectos políticos desde el miedo religioso o la culpa espiritual.
Democracia sí, teocracia no
Este episodio deja una lección central para el proceso electoral:
ningún partido, candidato o líder religioso está por encima de las reglas democráticas.
Cuando ambos se confunden deliberadamente, no se está defendiendo la religión: se la está usando.
