Testigo asegura que el presidente y el director del BCIE orquestaron presiones, chantajes financieros y amenazas contra su familia para que cambie su versión.
Christian Bulgarelli presentó ante la Fiscalía una denuncia formal en la que afirma que el presidente Rodrigo Chaves y Erwen Masís, director del BCIE para Costa Rica, lo habrían amenazado y presionado para que modificara su testimonio en el caso BCIE–Cariñitos. La denuncia describe un patrón de chantaje financiero, intimidación a familiares y uso de poder institucional para intentar impedir que se levante la inmunidad presidencial.
Qué denuncia Bulgarelli
Según el testigo, las presiones comenzaron a finales de junio y se concretaron mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y reuniones con intermediarios. Bulgarelli asegura que Masís —en representación del presidente— contactó a familiares suyos, anunció embargos preventivos y condicionó supuestas “paz” a cambio de que cambiara su versión en el expediente. Además, relata amenazas directas sobre la estabilidad económica y laboral de su familia.
“Nos vamos a volar a Carlo Díaz y el juego va a cambiar, el fiscal no llega a noviembre”, cita el testigo que habría pronunciado Masís en una reunión en el Hotel Hilton.
Patrón de intimidación: BCIE como herramienta de presión
El comunicado documenta que éste no sería un hecho aislado: desde enero y marzo de 2024 el BCIE ya habría sido utilizado como mecanismo de presión —con sanciones y anuncios oportunos— cada vez que surgieron movimientos que favorecían la investigación parlamentaria. En junio de 2025, justo mientras se discutía el levantamiento de la inmunidad, apareció la amenaza de un embargo preventivo, según la denuncia. Esto sugiere una maniobra sistemática para condicionar la verdad.
Uso del poder económico y la coacción personal
Bulgarelli señala que Masís habló de contactos con Luis Carlos Sarmiento (dueño del BAC–Credomatic) y amenazó con afectar créditos y cuentas bancarias, así como el empleo de la esposa del denunciante. Es decir: no sólo se trata de coacción política, sino de una intimidación que busca golpear la economía y la estabilidad familiar del testigo para quebrarlo.
Petición de protección y antecedente de agresión
Ante estas amenazas, Bulgarelli pidió medidas de protección en la Fiscalía y recordó un episodio previo (21 de marzo, en el restaurante Sapore) en el que —asegura— el presidente lo increpó públicamente a él y a su familia, lo que refuerza la sensación de riesgo y persecución.
Qué implica esto para la democracia y la investigación
Si las afirmaciones son ciertas, estaríamos frente a un intento de silenciar a un testigo clave mediante la coacción directa del poder ejecutivo y el uso de instituciones financieras como aparato represor. Eso no es solo un escándalo político: es un ataque a la independencia de la investigación judicial y a la garantía de que la verdad pueda salir a la luz sin amenazas ni represalias.
