El AyA bajo presión judicial: tres advertencias y ningún cumplimiento
Wagner Jiménez documenta desobediencia reiterada y la Sala Constitucional podría remitir el caso al Ministerio Público.
El AyA, el Acueducto de Coto Brus y la reiterada desobediencia a la Sala Constitucional son las palabras clave que enmarcan el expediente 23-024327-0007-CO, donde la alta jurisdicción confirma que la institución incumplió tres veces la orden de poner en operación el proyecto de mejoras del acueducto y garantizar el abastecimiento de agua potable en el cantón de Coto Brus.
La sentencia original —la 2023029820, del 17 de noviembre de 2023— otorgó un plazo máximo de nueve meses para habilitar la solución definitiva. Sin embargo, más de dos años después, se registran más de 70 interrupciones de agua por mes, afectando hogares, instituciones públicas y comercios, según documentación del propio AyA.
La situación es tan crítica que la Sala ha tenido que reiterar la orden en las resoluciones 2024028863 (2024) y 2025012496 (2025), con una advertencia explícita: la desobediencia puede constituir delito penado con hasta dos años de prisión, según lo establece el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Wagner Jiménez: el ciudadano que llevó al AyA contra las cuerdas
El 8 de octubre de 2025, Wagner Alberto Jiménez Zúñiga presentó una nueva gestión de desobediencia, señalando que el AyA no ha cumplido ninguna de las órdenes esenciales: ni puso en marcha el proyecto, ni garantizó el abastecimiento alterno con cisternas, ni resolvió la crisis hídrica.
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Jiménez expuso que “la población continúa sufriendo cortes constantes, sin acceso al agua potable, pese a que la Sala ha sido clara y contundente”.
Con ello, solicitó que se activen las medidas correspondientes:
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Testimoniar piezas al Ministerio Público.
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Determinar responsabilidades de los jerarcas del AyA.
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Exigir la operación inmediata del proyecto.
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Restituir el servicio de forma continua.
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Advertir al presidente Rodrigo Chaves sobre el incumplimiento institucional.
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Aplicar sanciones administrativas.
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Suspender el cobro de recibos hasta que se normalice el servicio.
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Pedir a la Procuraduría de la Ética Pública abrir expediente contra los jerarcas.
Las justificaciones del AyA no convencen a la Sala IV
En sus informes, el AyA atribuye la crisis a “factores estructurales, técnicos y externos”, incluyendo tuberías antiguas, topografía compleja y obras de terceros. También asegura que ejecuta dos proyectos estructurales —BPIP 3647 y BPIP 2662— para ampliar producción, renovar redes y estabilizar la conducción.
Pero esos proyectos están en fase de planos, permisos y trámites ambientales, algunos con expectativas de avance hasta 2026, en abierta contradicción con la orden judicial que exigía soluciones inmediatas y definitivas.
La propia Sala señala que, pese a avances en diseño y estudios, no existe resultado material alguno que garantice el servicio continuo a la población. El incumplimiento, por tanto, se mantiene.
Una eventual decisión histórica
La Sala Constitucional ahora cuenta con un expediente extenso y bien documentado que evidencia un incumplimiento prolongado, sistemático y reiterado por parte del AyA.
Los magistrados podrían ordenar apertura de procesos administrativos, remitir el caso al Ministerio Público, y activar una respuesta estatal que marque un precedente firme sobre el derecho humano al agua y la obligación de las instituciones de acatar las sentencias constitucionales.
“Los cotobruseños seguiremos luchando porque el agua es un derecho, no un privilegio”, afirmó Jiménez.
