Funcionarios acusan discriminación, bloqueos administrativos y hostigamiento desde la Alcaldía
La Municipalidad de Osa enfrenta una serie de denuncias graves por acoso laboral, abuso de poder y manipulación administrativa, señalando directamente al alcalde Mainor Fernando Anchía Angulo. Los documentos, declaraciones juradas y escritos oficiales revelan un patrón sostenido de hostigamiento, decisiones discrecionales y presuntas represalias contra funcionarios que no comparten la línea política del jerarca.
Las denuncias provienen principalmente de Luis Esteban Hernández Chan, funcionario del Departamento de Servicios Comunales, quien presentó una extensa denuncia formal respaldada por pruebas documentales, certificados médicos, correos institucionales, constancias laborales y resoluciones internas. A esta evidencia se suma la declaración jurada de la funcionaria municipal Kimberly Gómez Rodríguez, cuyo testimonio confirma prácticas internas que comprometen la integridad del proceso administrativo y la imparcialidad institucional.
Acoso laboral, humillaciones públicas y daño a la salud
En su denuncia, Hernández Chan detalla una lista de hechos que configuran un cuadro de acoso reiterado: desde la terminación abrupta de un ascenso interino hasta humillaciones públicas, violencia verbal, obstrucción a tratamientos médicos y negación sistemática de oportunidades dentro de la carrera administrativa. El funcionario afirma haber sido obligado a realizar labores de chapia pese a contar con un diagnóstico médico de túnel carpiano, afectación que finalmente culminó en una cirugía en septiembre del 2025.
A pesar de constar dictámenes médicos y advertencias de Salud Ocupacional, el Concejo Municipal no dictó medidas cautelares, incumpliendo los artículos 18 al 21 del Reglamento de Acoso Laboral. Incluso durante su incapacidad postquirúrgica, el órgano municipal mantuvo exigencias administrativas y finalmente archivó la denuncia, decisión contra la cual el funcionario presentó un recurso de revocatoria.
Manipulación de suplencias y concursos administrativos
Los documentos internos muestran contradicciones contundentes entre Servicios Comunales, Recursos Humanos y la Alcaldía sobre la forma en que se aplican las suplencias y los procesos de nombramiento. Mientras una unidad asegura que existe una lista de prioridad por antigüedad, otra afirma que el alcalde es quien decide y que no existen tales listas. La Alcaldía, por su parte, reconoce no haber solicitado informes y no contar con directrices claras.
En su denuncia, Hernández Chan afirma haber sido excluido reiteradamente de concursos internos, aun cuando la propia institución había reconocido en procesos judiciales anteriores que él ejerció funciones superiores a las de su puesto. De hecho, consta en expediente judicial que la Municipalidad concilió un pago de diferencias salariales por funciones de inspector entre 2018 y 2022. Aun así, Recursos Humanos continuó negando dicha experiencia en procesos posteriores.
Declaración jurada confirma presunta persecución política
La declaración jurada de Kimberly Gómez, funcionaria municipal, agrega un elemento crítico: el uso del poder institucional para perseguir a quienes no coinciden políticamente con el alcalde. Gómez relata que Anchía le pidió información sobre funcionarios que no apoyaban su línea política, además de afirmar que mientras él ocupara el cargo, ciertos trabajadores “no ascenderían” ni “pasarían de chapiar”.
Alcalde de Osa enfrenta grave denuncia por acoso y persecución laboral desde su oficina
La funcionaria también describe conversaciones directas en las que el alcalde habría solicitado recopilar evidencia contra otros empleados, incluyendo al propio Hernández Chan, confirmando un entorno de vigilancia, presión y discrecionalidad contrario a los principios de legalidad administrativa.
Órganos municipales en cuestión: contradicciones, omisiones y resoluciones irregulares
Los oficios de la Alcaldía y del Departamento de Recursos Humanos, además de las resoluciones del Concejo Municipal, revelan serias inconsistencias en la conducción del caso. El órgano municipal encargado de atender denuncias disciplinares dictó prevenciones con requisitos no contemplados en la normativa y omitió resolver recusaciones presentadas contra regidores que mantenían afinidad con el alcalde.
La resolución que declaró inadmisible la denuncia por acoso laboral presenta argumentos que ignoran pruebas, desestiman el daño a la salud del funcionario y aplican criterios formales contrarios al principio de tutela efectiva. El recurso de revocatoria interpuesto por Hernández Chan advierte que la decisión del Concejo resulta contraria a derecho y viola disposiciones fundamentales de la Ley General de la Administración Pública.
Un caso que apunta a responsabilidad institucional
La evidencia reunida muestra un cuadro complejo donde convergen posibles violaciones al debido proceso, abuso de poder jerárquico, discriminación ideológica, afectación a la salud laboral y manipulación de procedimientos internos. Tanto las declaraciones como los documentos oficiales sugieren que las instancias municipales involucradas podrían haber actuado, por acción u omisión, en perjuicio de la parte denunciante.
Se trata de un caso cuyo alcance podría trascender la esfera municipal, dado que implica posibles responsabilidades administrativas, laborales e incluso penales. Las denuncias ya han sido elevadas mediante recursos internos y podrían también ser objeto de valoración por parte del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la República y la jurisdicción contencioso-administrativa.
