Por: Omar Jiménez Camareno
En 1958 Costa Rica tenía poco más de un millón de habitantes, ese año se celebró apenas la segunda elección presidencial y legislativa después de la guerra civil de 1948.
Para entonces, ya estaban vigentes una serie de reformas políticas progresistas aprobadas en los años 40, cómo producto de una alianza de diversas figuras políticas y religiosas en beneficio de las clases trabajadoras.
Esa alianza, basada en el pensamiento social de la iglesia católica, impulsado por el arzobispo de San José, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, los postulados social cristianos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Presidente de la República en el periodo 1940 a 1944 y los ideales del diputado y líder del Partido Comunista Costarricense, Manuel Mora Valverde, permitió, entre otras medidas, tres grandes reformas que sentaron las primeras bases de lo que conocemos como nuestro Estado Social de Derecho:
1- La creación de La Caja costarricense del Seguro Social, que universalizó los servicios médicos.
2- La creación de la Universidad de Costa Rica, que permitió el acceso a la educación superior pública a nuestra población.
3- La promulgación del Código de Trabajo, una ley laboral que estableció una serie de derechos para todos los trabajadores del país, pioneros en esa época en toda Latinoamérica.
Esas garantías sociales fueron, no solo respetadas, por la Junta de Gobierno, encabezada por Don José Figueres Ferrer, que gobernó el país entre 1948 y 1949, sino además complementadas con las principales medidas adoptadas por esa Junta.
1- Creación del Tribunal Supremo de Elecciones como órgano máximo y absolutamente independiente en materia electoral
2- Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que redactó y aprobó la Constitución Política de 1949
3- Aprobación del derecho al voto a las mujeres establecido por la Asamblea Constituyente
4- Fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que permitió llevar electricidad a prácticamente todo el territorio nacional y posteriormente el servicio de telecomunicaciones.
5- Nacionalización de la banca, con lo cual todos los bancos privados pasaron a ser del Estado, lo que permitió otorgar créditos de interés social a los sectores más pobres del país.
6- Abolición del ejército, convirtiendo a Costa Rica en el primer país del mundo en abolir el ejército y poner al mando de la seguridad del país a una fuerza de policía de naturaleza civil.
Es decir, que ya en 1958 Costa Rica era un país democrático que contaba con un Estado Social de Derecho y un gobierno civil sometido al ordenamiento jurídico.
Ese Estado Social de Derecho se estableció sobre la base de principios fundamentales que nos permitieron alcanzar una democracia sólida, con garantías políticas, económicas y sociales que procuraron, a la mayoría de la población, oportunidades de educación pública, de salud pública, de trabajo digno y libertades individuales y colectivas, en la que el poder político está sometido al ordenamiento jurídico y al principio de respeto irrestricto a la división de poderes y a la libertad de prensa.
No obstante, en noviembre de 1958, mes y año en que llegué a este mundo, bendecido de haber nacido en este democrático país, Paquera de Puntarenas, el hermoso pueblo de nuestra costa pacífica en el que nací y viví durante mi infancia, era apenas un pueblito ubicado en la península de Nicoya, un distrito del cantón central de Puntarenas que, posiblemente, la mayoría de los costarricenses ni siquiera conocían.
A pesar de los logros democráticos y de desarrollo que ya había alcanzado el país, en 1958 en Paquera no existía alumbrado eléctrico, ni servicio telefónico, no existía servicio de cañería, no había ninguna clínica que brindara atención de salud por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el único medio de transporte para el salir de Paquera hacia Puntarenas o al interior del país, era marítimo; una lancha de cabotaje que viajaba de Puntarenas a Paquera y viceversa, una vez al día. De manera que un viaje a Puntarenas implicaba, cómo mínimo dos días, salir un día y regresar al día siguiente.
Tampoco había colegio, en el poblado central, donde yo vivía, había solamente una escuela de educación pública, que contaba únicamente con seis aulas, una para cada grado y un maestro o maestra, también para cada grado. En los demás caseríos las escuelas eran unidocentes.
En esa escuela pública, Escuela Julio Acosta García, cursé mi educación primaria, después, gracias al esfuerzo de mi mamá, maestra interina en escuelas unidocentes ubicadas en pueblitos aún más pequeños y a los que se llegaba desde Paquera después de varias horas a caballo, ingresé en Puntarenas a la educación secundaria pública, en el Liceo José Martí y, posteriormente al Instituto Julio Acosta García, en San Ramón de Alajuela.
Al terminar mis estudios secundarios ingresé a la Universidad de Costa Rica, en el entonces, Centro Regional Universitario de Occidente, hoy Sede Universitaria de Occidente y me gradué como Licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica, es decir, en una institución de EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.
Desde 1990 he servido al país, con absoluta honestidad y transparencia, como servidor público y, en ocasiones, cómo docente universitario.
Hijo de nuestro estado social de derecho.
Nacido y criado en un pueblito de nuestra costa pacífica, tuve acceso a la educación y la oportunidad de servir al país como profesional en la función pública, gracias a:
La educación pública y a las becas que recibí durante mi educación secundaria y universitaria
Los servicios de salud pública que durante mi vida he recibido y recibo por medio de nuestra Caja costarricense del Seguro Social, los servicios de electricidad y telecomunicaciones públicas que nos brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al servicio público de agua potable y alcantarillado que nos brinda el AyA, a la red vial y servicio de transporte público, a la libertad y a la seguridad que me ha garantizado un sistema democrático en el que el poder político está sometido al ordenamiento jurídico y a un sistema de control administrativo y judicial.
El proceso de construcción de ese estado social de derecho, y la consolidación de nuestro sistema democrático, no ha sido, ni es perfecto, ni mucho menos.
En nuestra historia política, lamentablemente, han existido muchos casos de corrupción, a lo largo de los años fueron estableciéndose, al amparo y con la complicidad del poder político, una serie de privilegios inaceptables en beneficio de determinados grupos de poder, muchas instituciones públicas han venido deteriorando la calidad de sus servicios, hay un rezago evidente en el desarrollo y en las oportunidades para amplios sectores de la población principalmente en las zonas más alejadas del país, enfrentamos un enorme deterioro en la calidad de nuestra educación pública, muchas y muchos costarricenses se sienten, con razón, marginados en sus oportunidades educativas, económicas y sociales.
Desde hace varias décadas mantenemos índices vergonzosos de pobreza y miseria extrema, venimos desde hace mucho empobreciendo a nuestra clase media y reduciendo las oportunidades de trabajo y, en estos dos últimos años, principalmente, hemos visto un deterioro alarmante en la seguridad ciudadana, debido a un incremento exacerbado del crimen organizado, de los homicidios, los femicidios y la violencia a todo nivel, incluyendo la violencia política de parte de quienes gobiernan.
La Costa Rica democrática, pacífica, segura, equitativa, se nos ha ido escapando de las manos y hay quienes, aprovechando el justificado descontento, pretenden terminar de desmantelar nuestro Estado Social de Derecho, debilitando aún más a la educación pública, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al ICE, atacando la independencia de Poderes, intentando debilitar y/o eliminar los controles políticos, administrativos y judiciales.
No podemos desconocer esa realidad, no podemos ignorar el justificado enojo de la mayoría de la población a la que nuestro sistema político le ha incumplido, pero, el camino para construir una Costa Rica próspera, equitativa, en la que nadie se quede atrás, no es un populismo conservador con pretensiones totalitarias, que pretende desmantelar nuestras mejores conquistas democráticas.
En nuestro ADN los costarricenses llevamos impregnados la convivencia en paz, la vida democrática, la igualdad de oportunidades, el ejercicio del poder político mediante el diálogo y la construcción de acuerdos y el sometimiento del Poder Político al ordenamiento jurídico y a los controles políticos, administrativos y judiciales.
La construcción de una Costa Rica próspera, pacífica y equitativa de justicia social y libertad demanda la conformación de un gran acuerdo nacional para elaborar una Agenda Democrática que debemos impulsar en los próximos años con el propósito de:
✓ Reformar nuestro Estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía
✓ Fortalecer los controles para garantizar la honestidad en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo también la eficiencia en las instituciones públicas
✓ Recuperar la calidad de la educación y la salud pública
✓ Reactivar nuestra economía con mejor y mayor distribución de la riqueza
✓ Implementar políticas públicas de desarrollo territorial que lleven prosperidad y oportunidades a las zonas más pobres del país
✓ Garantizar un desarrollo sostenible que nos permita heredar a las futuras generaciones un país ecológicamente viable
✓ Fortalecer los derechos humanos de toda la población eliminando toda forma de discriminación.
Ese es el reto y la obligación que tenemos quienes somos hijos del estado social de derecho que nos heredaron y que hoy está amenazado.
