Por: Omar Jiménez Camareno
Hay quienes pretenden hacernos creer, aunque parezca mentira, que la solución está en debilitar los controles y por eso atacan al Poder Judicial, el control legislativo y a la Contraloría General de la República
No cabe duda que uno de los principales cobros que la ciudadanía costarricense les hace a los partidos tradicionales es que se hayan producido una serie de actos de corrupción en la función pública.
Debido a estos actos de corrupción, muchos costarricenses, con razón, manifiestan su enojo contra el sistema político que, no solo ha permitido que estos actos se produzcan, sino que, en la mayoría de esos casos, aún no hayan existido sanciones penales contra los principales responsables.
Ante esta realidad, hay quienes pretenden hacernos creer, aunque parezca mentira, que la solución está en debilitar los controles y por eso atacan al Poder Judicial, el control legislativo y a la Contraloría General de la República.
Es básico, y a pesar de ello, pareciera que hay quienes no lo logran entender, y otros que están, piense usted por qué será, muy interesados en que no se entienda, que si a pesar de los controles existentes, se han dado estos casos de corrupción y, muchos de ellos siguen impunes, el camino no es depredar (debilitar), los controles, sino al contrario, mejorarlos, fortalecerlos y hacerlos más eficaces.
La mayoría, la inmensa mayoría de los casos de corrupción se han dado en la construcción de la obra pública y, ¡¡Bingo!!, precisamente el gran argumento para querer reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y con ello debilitar a la Contraloría, es que dicha ley entraba la construcción de obra pública.
En otras palabras, quieren construir en adelante la obra pública sin que haya controles previos, algo así como que, en un banco, las cámaras hayan servido para descubrir a empleados que le han estado robando al banco y el gerente del banco pida que quiten las cámaras, porque esas cámaras entraban el proceso de depósitos y de pagos de dinero en el banco.
El país necesita eficiencia y eficacia en la construcción de obra pública, pero también requiere que esas obras públicas se construyan de forma transparente para que, en la selva que implican, la definición de los términos de referencia en los contratos y la definición de los criterios de selección de las empresas, ningún depredador meta sus garras, ni redacte esos términos de referencia a la medida de ningún financista de su campaña, ni escoja a dedo a una empresa “amiga”, ni meta el diente en los dineros públicos, para recibir un cariñito.
