Once alcaldes investigados rompen con los partidos que los llevaron al poder para sumarse al proyecto chavista
Costa Rica enfrenta una concentración inédita de alcaldes cuestionados que, tras dejar los partidos con los que fueron electos, ahora se alinean con el proyecto político del presidente Rodrigo Chaves. La información recopilada por Douglas Caamaño, candidato presidencial de CR1, revela un patrón consistente: figuras municipales investigadas por corrupción, malversación, cohecho, lavado de dinero, tráfico de influencias o irregularidades administrativas ahora orbitan bajo el chavismo, consolidando un bloque político marcado por señalamientos éticos y causas abiertas en Fiscalía.
Este fenómeno —descrito por analistas como un “reagrupamiento de riesgo institucional”— implica un quiebre directo con la voluntad popular: los alcaldes fueron electos bajo una sigla diferente, pero hoy responden al poder central, comprometiendo la autonomía municipal y el principio democrático de representación.
Un mapa de cuestionamientos: once alcaldes, once historias bajo la sombra de la corrupción
La lista, elaborada por Caamaño, incluye alcaldes de distintos cantones y regiones del país, todos con investigaciones o señalamientos relevantes:
San Carlos — Juan Diego González Picado
Vinculado al Caso Diamante; renunció al PLN tras severos cuestionamientos éticos.
Limón — Néstor Mattis Williams
Se jubiló con nueve causas abiertas en Fiscalía, entre ellas presunta malversación.
San Ramón — Gabriela Jiménez Corrales
Investigada por financiamiento irregular y nexos con el Caso Madre Patria.
Buenos Aires — José Rojas
Señalado en un estudio de riesgo de corrupción; aunque sin causa formal, figura bajo observación.
Coto Brus — Rafael Ángel Navarro Umaña
Investigado por cohecho y corrupción agravada; relacionado con una red que borraba deudas municipales.
Guácimo — Gerardo Fuentes González
Detenido por tráfico de influencias y falsedad ideológica.
Carrillo — Carlos Cantillo
Investigado por cobro indebido de pluses salariales, vinculado al escándalo del Hotel Riu.
Osa — Jorge Alberto Cole De León
Detenido por el Caso Diamante y suspendido por presunta corrupción.
Guatuso — Carlos Alberto Sequeira
Funcionarios municipales de su administración vinculados al Caso Tómbola, una red de presunto lavado de dinero.
Río Cuarto — José Miguel Jiménez Villalobos
Cuestionado por declaraciones falsas y polémicas públicas recurrentes.
Turrubares — Martín Vargas Calderón
Criticado por comportamiento inapropiado en sesión municipal.
Una tendencia preocupante: alcaldes con expedientes buscan refugio en el poder central
La coincidencia no es casualidad: alcaldes con investigaciones abiertas o cuestionamientos éticos abandonan sus partidos y se acercan al chavismo, creando una red política que mezcla poder local, estructuras territoriales y figuras con expedientes activos.
Para especialistas consultados por Radio Zurqui, esta alineación responde a tres factores:
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Búsqueda de protección política ante procesos judiciales o investigaciones administrativas.
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Intercambio de apoyo territorial por respaldo del gobierno central.
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Cooptación del poder local como estrategia de control político previo al proceso electoral.
La señal hacia la ciudadanía es clara e inquietante: los cantones no están eligiendo alcaldes; los alcaldes están eligiendo al gobierno que más les conviene para sobrevivir políticamente.
Traición al voto y erosión de la autonomía municipal
Este reacomodo político compromete directamente la legitimidad democrática.
Cada uno de estos alcaldes ganó la elección bajo una bandera distinta. Con su salto al chavismo:
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rompen el contrato político con sus electores,
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convierten el cargo en un botín personal,
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y subordinan a sus cantones a un proyecto de poder centralizado.
La autonomía municipal queda debilitada: las comunidades pasan a ser sucursales políticas del Ejecutivo, mientras el gobierno de Rodrigo Chaves gana operadores territoriales con cuestionamientos graves.
Un bloque de alto riesgo para la institucionalidad
El patrón es contundente: cuando la ética es negociable, la gobernanza se vuelve peligrosa.
La concentración de alcaldes investigados en un mismo proyecto político genera serias alertas sobre:
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captura del poder local,
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normalización de la impunidad,
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y presencia de actores con causas penales en estructuras cercanas al Ejecutivo.
Para Costa Rica, esto representa un deterioro institucional sin precedentes: el chavismo se convierte en refugio de figuras cuestionadas, consolidando un bloque de poder donde la transparencia deja de ser requisito.
