El candidato presidencial de Costa Rica Primero denuncia más de 940.000 perfiles falsos operando en redes sociales
El candidato presidencial Douglas Caamaño, del partido Costa Rica Primero (CR1), lanzó un comunicado urgente en el que advierte que Costa Rica enfrenta una amenaza electoral sin precedentes: más de 940.000 perfiles falsos están operando en redes sociales, según análisis técnicos de Porter Novelli y una investigación independiente de Red 506.
Bots y perfiles ficticios capaces de alterar el proceso electoral
El documento señala que esa red masiva de cuentas ficticias puede influir el estado de ánimo colectivo, alterar la conversación pública y distorsionar la percepción ciudadana en un momento clave para la democracia.
Los análisis citados identifican:
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patrones de coordinación,
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repeticiones de IP,
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actividad anómala,
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nodos automatizados,
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clústeres de cuentas vinculadas entre sí.
Caamaño acusa al TSE de inacción
Caamaño cuestiona fuertemente la actitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), afirmando que permanece “inmóvil” pese a contar con evidencia disponible para intervenir.
Señala que el TSE actúa como “espectador y no como el árbitro constitucional encargado de proteger el proceso.”
El comunicado lanza una pregunta incómoda:
Las exigencias del candidato al TSE
Caamaño, en representación de Costa Rica Primero, solicita cuatro acciones concretas:
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Requerir formalmente a Porter Novelli y Red 506 todos los insumos técnicos necesarios para identificar redes de perfiles falsos.
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Pedir a META, bajo el convenio vigente con el TSE, el bloqueo masivo de las cuentas que violen estándares de autenticidad.
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Explicar al país por qué no se han tomado medidas, pese al material existente.
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Garantizar públicamente que ninguna estructura digital artificial tenga más influencia que un ciudadano real.
Un llamado político que abre un debate urgente
Caamaño advierte que permitir la operación de estas redes sin investigación ni sanción abre espacio a intereses oscuros que dependen del anonimato para manipular el proceso electoral y contaminar la conversación pública.
Su comunicado coloca presión directa sobre el TSE y abre un debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar que el proceso electoral no sea secuestrado por estructuras digitales coordinadas.
