Una cárcel fuera del alcance de la Contraloría
El proyecto carcelario del MJP se tramita bajo un procedimiento que excluye apelaciones, refrendo contralor y control legal previo, abriendo un portillo peligroso a la corrupción.
El gobierno de Rodrigo Chaves impulsa la construcción de una nueva cárcel bajo el procedimiento de contratación de urgencia, amparado en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, una figura que permite adjudicar proyectos sin control previo de la Contraloría General de la República (CGR), sin apelaciones de oferentes y sin refrendo contralor.
De acuerdo con el análisis remitido por la propia Contraloría, este tipo de contratación elimina las vías recursivas, reduce la transparencia y traslada toda la responsabilidad al jerarca que declara la urgencia.
Sin controles, sin transparencia, sin garantías
La CGR advierte que, en este proceso, ya no es el órgano contralor quien autoriza las contrataciones de urgencia, como ocurría antes. Ahora, es la administración misma la que se declara “urgente”, quedando en libertad para seleccionar a dedo al contratista si así lo decide.
El artículo 66 establece que el proceso debe resolverse en un mes y que basta con justificar internamente la urgencia. Sin embargo, si esa justificación no es sólida y documentada, la contratación podría ser irregular, conforme el artículo 103 de la misma ley.
Pero el daño ya estaría hecho: una cárcel construida sin licitación, sin refrendo y sin supervisión contralora, en un gobierno donde la corrupción ha sido el cáncer que destruye la confianza en las instituciones.
Contratación “de urgencia”: la excepción convertida en regla
La figura de urgencia fue diseñada para situaciones extremas e imprevisibles, como un desastre natural o un riesgo inmediato para la población.
No obstante, el gobierno pretende aplicarla para una obra que lleva años de planificación pendiente, y cuya urgencia es producto de su propia negligencia en materia penitenciaria.
La CGR lo advirtió desde 2022:
“La causal de urgencia es excepcionalísima y su utilización se restringe a casos muy puntuales… su aplicación implica una reducción del principio de transparencia.”
Usar este procedimiento para un proyecto multimillonario como la cárcel del Ministerio de Justicia y Paz es, como mínimo, una violación al espíritu de la ley y un ataque directo a la rendición de cuentas.
El riesgo de una obra “a la mano de Dios”
Con la nueva cárcel tramitada al margen del escrutinio público, la frase más precisa para describir el proceso es la que circula entre analistas y funcionarios de la CGR:
La cárcel no tiene controles de la Contraloría, está a la mano de Dios.
Y en un gobierno donde la opacidad es política de Estado, dejar una contratación de este tamaño sin controles previos es abrirle la puerta a la corrupción con sello oficial.
