Un ataque directo a una conquista histórica de la clase trabajadora
Un derecho conquistado con lucha social
El aguinaldo, ese ingreso adicional que cada diciembre permite a las familias costarricenses cerrar el año con dignidad, no fue un regalo de ningún gobierno ni la buena voluntad de los patronos. Es el resultado de décadas de luchas sindicales, de la visión socialdemócrata que dio forma al Estado costarricense y de decisiones políticas que pusieron al ser humano por encima del mercado.
En 1954, durante la administración de José Figueres Ferrer, se firmó el Decreto Ejecutivo N.º 18, que reconoció por primera vez el aguinaldo como un derecho laboral obligatorio. Con ello, Costa Rica se unió a un grupo reducido de países que entendieron que el desarrollo no puede medirse sólo en cifras macroeconómicas, sino en justicia social concreta para quienes producen la riqueza.
Años después, en 1970, la Ley N.º 2412 consolidó este derecho estableciendo su cálculo, fecha de pago y carácter universal. El aguinaldo dejó de ser una dádiva navideña para convertirse en un derecho irrenunciable, protegido por el marco legal y respaldado por la jurisprudencia constitucional.
Un gobierno que quiere cobrarse hasta la Navidad
Setenta años después de aquel avance histórico, el gobierno autoritario y voraz de Rodrigo Chaves pretende dar un golpe a ese derecho conquistado: su ministro interino de Hacienda, Luis Antonio Molina, insinuó ante la Comisión de Hacendarios que se debe “cuestionar” la exoneración del impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar, calificando ese dinero como “plata que ya está ahí”.
La frase no es menor. Es la antesala de un proyecto que podría significar que cada colón que las familias reciben en diciembre sea reducido por el apetito recaudador del gobierno, un gobierno que no toca los privilegios de las grandes corporaciones pero sí se atreve a mirar el bolsillo del pueblo trabajador.
Mientras zonas francas siguen gozando de millonarias exoneraciones y los grandes evasores continúan impunes, la administración Chaves pone sus ojos en el salario de quienes viven con lo justo. En lugar de combatir el fraude fiscal o exigir contribuciones justas a quienes más tienen, prefiere cargar a las espaldas del pueblo el costo de su ineficiencia.
Un retroceso inadmisible
Gravar el aguinaldo no es una simple “medida técnica”: es un ataque ideológico al Estado social costarricense. Significaría retroceder en derechos conquistados hace más de medio siglo y abriría la puerta para desmontar otros logros históricos como el salario escolar, el bono escolar o incluso el propio régimen de garantías sociales.
Este intento no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del Movimiento Antidemocrático Chavista (MADCHA) para debilitar las instituciones sociales, empobrecer a la clase media y favorecer a los grandes intereses económicos.
La dignidad no se negocia
El aguinaldo no es “plata que ya está ahí”. Es el fruto del trabajo, de jornadas largas, de esfuerzo honesto y de la visión de un país que decidió que la justicia social debía ser el corazón del desarrollo. Y ningún gobierno autoritario, por muy populista que se disfrace, tiene derecho a desmantelar esa conquista.
Costa Rica se construyó con derechos, no con recortes. Con justicia, no con mezquindad. Con dignidad, no con la voracidad fiscal de quienes hoy pretenden cobrarle impuestos hasta a la Navidad.
